El debate sobre la vulnerabilidad sísmica en el Perú suele enfocarse en una cifra alarmante: cerca del 70% de las viviendas son informales. Ante esto, quienes habitan o trabajan en edificaciones “formales” respiran aliviados. Existe la falsa creencia de que contar con la firma de un profesional es una protección absoluta similar a la que relata la Biblia durante las plagas de Egipto, donde la peste “pasaba sin tocar” a quienes estaban bajo el amparo de su fe. Lamentablemente, en la ingeniería no existe la protección divina por decreto. Creerse libre del peligro solo por tener un plano firmado es una gran mentira. Aquí nace un fenómeno sumamente peligroso: la “formalidad informal”.
Una estructura es un sistema complejo que interactúa dinámicamente con su entorno. Factores críticos como el tipo de suelo y el cumplimiento estricto de la normativa local dictan la supervivencia de una obra. Las normas de diseño no son una valla fija; se adaptan al peligro latente del silencio sísmico. En la costa central, el último gran terremoto ocurrió en 1746. Tras 280 años de acumulación continua de energía, los límites lógicos de este silencio se están alcanzando. Un edificio “formal” construido hace 30 años bajo los parámetros de su época hoy se enfrenta a un escenario de energía acumulada mucho mayor. Si las estructuras no se evalúan y refuerzan bajo la realidad actual, esa supuesta formalidad es solo un riesgo latente.
Paradójicamente, esta “formalidad informal” no solo ocurre en la periferia, sino que se ha vuelto recurrente en grandes megaobras estatales bajo contrataciones Gobierno a Gobierno (G2G) o similares de algunas concesiones. Al amparo de estos marcos especiales, empresas extranjeras asumen el diseño de infraestructuras críticas pretendiendo trasplantar reglamentos de sus países de origen y subestimando la Norma de Diseño Sismorresistente Peruana E.030.
La norma E.030 no es un capricho burocrático; nació del aprendizaje de nuestras propias tragedias y el muy alto riesgo sísmico. Prescindir de ella en obras que servirán a miles de ciudadanos no solo es un error técnico, es ilegal y un enorme delito. Disfrazar la elusión de la normativa local con tecnicismos contractuales expone al público usuario a un riesgo masivo.
La teoría se ignora hasta que la realidad se impone a golpes. Lo sucedido recientemente en Venezuela con el doblete sísmico de una magnitud muy inferior a la peruana, es una lección dolorosa: colapsaron edificaciones formales levantadas por ingenieros y empresas registradas, dejando daños físicos estimados preliminarmente por la ONU en US$ 6,700 millones (6% del PBI de Venezuela), cuya cifra final puede triplicarse, al igual que el alto número de fallecidos.
El colapso de la “formalidad informal” cuesta más caro que la informalidad declarada, porque en la primera el ciudadano y el Estado pagaron por seguridad, recibiendo a cambio un peligro maquillado. Ante la inminencia de un gran sismo en nuestra costa, es urgente auditar técnicamente las críticas megaobras y obligar el respeto irrestricto a la norma E.030, así como empezar a revisar y reforzar las estructuras antiguas. La ingeniería debe responder a la realidad de nuestra norma y el alto riesgo sísmico, no a la flexibilidad de los contratos.
Fuente: elcomercio.pe