He sostenido muchas veces que la presidencia en el Perú es, en la práctica, todo o nada, e incluso ficticia, si no está acompañada, en quien la ejerce, de la jefatura del Estado, que le otorga la facultad democrática de estar institucionalmente por encima de toda la organización política del país.
Entiéndase bien: facultad democrática, no autoritaria.
Es la facultad que ocupa apenas unas líneas en la Constitución, bajo la indiferencia de casi todos los presidentes o el complejo de estos por no saberla asumir sino protocolarmente, y que, sin embargo, encierra, muchas veces, en su correcto uso, tanta o más necesidad, autoridad y legitimidad que la propia facultad de gobernar.
Si la proclamada presidenta Keiko Fujimori quiere representar un gobierno abierto y de ancha base; convocante de líderes y partidos; respetuoso de la separación de poderes, pero con diálogo y entendimiento con ellos; e impulsor de agresivas políticas públicas de seguridad, salud y educación, tiene que construir, sin el menor temor, un claro e influyente liderazgo de Estado.
Sería la primera vez en mucho tiempo que podríamos ver, perfectamente acoplados en una sola persona, el liderazgo de Gobierno y el liderazgo de Estado.
Establecidos y reconocidos así ambos liderazgos, Fujimori podría sentirse con suficiente autoridad para crear, con los demás poderes y las organizaciones políticas y de la sociedad civil, un estratégico espacio común de diálogo, convocatoria, invocación y entendimiento, que haga precisamente que el Estado exista y funcione de verdad, comenzando por ser una fuente de comunicación, confianza y transparencia.
El liderazgo de Estado viene a ser una elevada última instancia política, con capacidad para unir lo que gobierno y oposición pueden desunir, para acordar arriba los desacuerdos de abajo y para lograr consensos allí donde las posiciones son irreconciliables. Es más: estamos ante la instancia por excelencia, junto al liderazgo de Gobierno, para forjar políticas de Estado de sólida trascendencia como las que hemos tenido a lo largo del tiempo: la Constitución de 1993, con más de 30 años de vigencia; la macroeconomía y sus reglas fiscales, que nos han permitido crecer sostenidamente con índices internacionales expectantes; el cierre de nuestros conflictos limítrofes con Ecuador y Chile; y la derrota militar del terrorismo, lamentablemente con remanentes de infiltración política e ideológica, permisiva y complaciente en los sistemas universitario, electoral y de justicia.
El liderazgo de Gobierno, a cargo de la presidenta Fujimori, igualmente necesita ser claro. Tendrá en su presidente del Consejo de Ministros o jefe de Gabinete a un equivalente de CEO o gerente general de una corporación privada, con la misión de conducir óptima y satisfactoriamente los servicios del Estado, desde los más sensibles (seguridad y salud) hasta los más complejos (Economía y Finanzas, y Energía y Minas), y ser el vocero autorizado, llamado a ser creíble, confiable y garante de la verdad oficial.
Si en gobiernos anteriores pedir un liderazgo de Estado significaba pedir peras al olmo, hoy resulta posible y viable construirlo desde una presidencia dispuesta a tender puentes y cerrar brechas en un país dividido y con una institucionalidad política resquebrajada.
Fuente: elcomercio.pe