Keiko Fujimori ha designado las comisiones que se harán cargo de la transferencia de las distintas carteras ministeriales. El objetivo de este proceso es diagnosticar la situación de cada sector e identificar las prioridades de la próxima gestión. Sin embargo, ese diagnóstico no solo debería considerar lo que hay y lo que falta, sino también aquello que sobra.
Es un hecho que Fujimori asumirá el mando de un Estado absolutamente desbordado. En los últimos años, el aparato público ha crecido de forma sostenida, consumiendo una proporción cada vez mayor de los recursos provenientes de los impuestos, mientras ofrece resultados cada vez peores. La experiencia demuestra que, cuando se trata de estructuras burocráticas, existe una relación inversa entre tamaño y eficiencia.
Por ello, simplificar y reducir el tamaño del Estado debe ser una prioridad del próximo gobierno. En primer lugar, porque el buen uso de los recursos del contribuyente es indispensable para recuperar la confianza en las instituciones. El Estado no genera riqueza: la obtiene de los ciudadanos mediante impuestos. Por ello, esos recursos deben destinarse a cumplir de manera eficiente las funciones esenciales del Estado y no a sostener burocracias que no aportan ningún valor. Además, un Estado más pequeño funciona mejor. Cuanto más grande es la estructura estatal, más lenta y compleja se vuelve la toma de decisiones. Esa es una de las razones por las que el sector público permanece paralizado y tareas simples pueden tardar casi una década en concretarse.
A lo anterior se suma que cada trámite, autorización o instancia adicional abre nuevas oportunidades para la corrupción. Reducir y simplificar procedimientos constituye un arma poderosísima para combatir este problema que corroe nuestras instituciones. Lejos de debilitar al Estado, estas reformas lo fortalecen al hacerlo más eficiente, transparente y oportuno.
Este proceso también es fundamental para reactivar la economía. La excesiva burocracia no solo desperdicia recursos públicos y genera corrupción, sino que representa un obstáculo muchas veces injustificado para la inversión privada, el emprendimiento y la creación de empleo. Sin embargo, el argumento a favor de un Estado más reducido no es únicamente funcional, sino también moral. Las burocracias tienden a justificar su existencia ampliando su ámbito de intervención sobre la vida de las personas. Decisiones que las personas podrían tomar libremente terminan siendo reguladas, interferidas o incluso sustituidas por el aparato estatal.
No debemos entender la subsidiariedad del Estado únicamente como una limitación a su rol como actor económico, sino como una protección multidimensional de nuestras libertades y derechos. No hay alternativa. Mantener un Estado limitado no solo genera eficiencia, reduce la corrupción y estimula la economía, sino que es la mejor manera de proteger las libertades que reconoce nuestra Constitución.
Fuente: elcomercio.pe