Los residentes de Los Ángeles —desde conductores que van a trabajar por la I‑405 hasta padres que dejan a los hijos en la escuela en East LA— viven desde hoy un nuevo capítulo en el debate sobre vigilancia y privacidad urbana. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) anunció la suspensión de su contrato con Flock Safety, la empresa que maneja parte de las cámaras de reconocimiento automático de matrículas (ALPR). Aunque la ciudad no dejará de usar lecturas de placas por completo, la medida puede cambiar quién controla los datos, cómo se almacenan y quién tiene acceso a ellos. Para una urbe donde millones de vehículos cruzan autopistas, avenidas y barrios densos —y donde la comunidad latina participa activamente— esta pausa reabre preguntas sobre seguridad pública, derechos civiles y la protección de información sensible en un contexto de creciente uso de tecnología por parte de las agencias policiales.
¿POR QUÉ EL LAPD SUSPENDIÓ EL CONTRATO CON FLOCK?
Según el LAPD, la suspensión responde a la necesidad de aclarar y reforzar varios puntos clave relacionados con la privacidad y la seguridad de los datos:
- Protección de la privacidad: revisar cómo se almacenan y utilizan los registros de matrícula.
- Derechos civiles: asegurar que el uso de la tecnología cumpla la legislación estatal y no vulnere garantías civiles.
- Propiedad de los datos: determinar quién es el propietario y responsable de la información recopilada.
- Seguridad informática: reforzar controles para evitar accesos no autorizados.
En su comunicado, el LAPD dijo que busca reglas más claras sobre privacidad, auditorías rigurosas y control de accesos antes de reanudar el uso de la plataforma de Flock. La empresa, por su parte, declaró que está decepcionada pero dispuesta a colaborar para implementar nuevas salvaguardas.
LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE AGENCIAS
La controversia viene de meses atrás, cuando residentes del sur de California y organizaciones por los derechos civiles denunciaron consultas no autorizadas de datos, incluidas revisiones desde otras jurisdicciones estatales y federales. Estos antecedentes hicieron saltar las alarmas en un estado que tiene leyes de privacidad más estrictas que muchos otros.
El comandante Randy Goddard, del LAPD, afirmó que la agencia no ha compartido y no compartirá datos con el Gobierno federal, y que la entidad es el propietario exclusivo de la información captada por sus sistemas. Aun así, la revisión contractual busca disipar dudas sobre prácticas pasadas y futuras.
¿SEGUIRÁN FUNCIONANDO LAS CÁMARAS EN LOS ÁNGELES?
Sí, aunque con matices. El LAPD mantiene contratos con otros dos proveedores: Axon y Motorola Solutions.
Según las autoridades, esos contratistas aplican medidas de protección de datos más robustas; por eso sus contratos siguen vigentes hasta 2027. En la práctica, la policía continuará usando ALPR para investigaciones, recuperación de vehículos robados y alertas, pero la plataforma de Flock quedará suspendida hasta completar la revisión.
¿CUÁNTAS CÁMARAS HAY ACTUALMENTE?
La Oficina del Inspector General (OIG) detalla que el sistema es amplio y menos visible de lo que muchos piensan:
| Tipo de dispositivo | Cantidad |
|---|---|
| Cámaras ALPR instaladas en postes | 298 |
| Lectores ALPR instalados en patrullas del LAPD | Más de 1.600 |
El reporte también señala que la mayor concentración de cámaras fijas está en West Los Angeles.
RESULTADOS Y PROBLEMAS DETECTADOS
Las autoridades sostienen que los ALPR han dado resultados operativos. En una revisión entre agosto y septiembre de 2025 se registraron:
| Resultado | Cantidad |
|---|---|
| Arrestos realizados | 74 |
| Vehículos robados recuperados | 337 |
| Paradas por errores en bases de datos | 161 |
La OIG aclara que las detenciones por errores se debieron a datos desactualizados o incorrectos en las bases, no al funcionamiento físico de las cámaras.
MEDIDAS APROBADAS POR LA COMISIÓN DE POLICÍA
Tras el informe del Inspector General, la Comisión aprobó por unanimidad varias recomendaciones:
- Reforzar control sobre los datos recopilados.
- Establecer procedimientos uniformes para documentar detenciones y acciones policiales.
- Suspender la instalación de nuevas cámaras ALPR hasta realizar consulta comunitaria.
La ciudad convocó una reunión virtual el 30 de julio en la que residentes, organizaciones comunitarias y expertos podrán opinar y proponer cambios.
¿CÓMO AFECTA ESTO A LOS CONDUCTORES EN LOS ÁNGELES?
Para la mayoría de los conductores, el impacto inmediato será mínimo: las cámaras no desaparecerán y otros proveedores seguirán operando. Lo que sí cambia es la discusión pública sobre:
- Quién controla los datos y por cuánto tiempo se almacenan.
- Quién puede consultarlos y con qué fines (investigaciones policiales, seguimiento de vehículos, etc.).
- Mecanismos de auditoría y transparencia para que la comunidad reciba explicaciones claras.
Esta revisión puede resultar en políticas más estrictas, mayores límites de retención de datos o acceso más controlado, lo que afectaría cómo se usan los ALPR en investigaciones.
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Fuente: elcomercio.pe