El 18 de julio, la opinión pública se conmocionó ante el caso de una niña awajún de 7 años que quedó en estado grave tras haber sido violentada sexualmente por su padrastro en la comunidad nativa Pantam Entsan, en El Cenepa, provincia de Condorcanqui (Amazonas), cerca de la frontera con Ecuador.
El agresor, identificado como Darwin Chup Wasum, se dio a la fuga y actualmente es buscado por las autoridades y miembros de la comunidad en medio de un caso que expone la respuesta estatal insuficiente en una zona donde, entre 2024 y julio del 2026, se han registrado al menos 1.253 casos de violación contra menores.
Dos días después de ese ataque, dos soldados del servicio militar voluntario fueron denunciados por tocamientos indebidos en agravio de dos adolescentes de 15 y 16 años.
El hecho ocurrió la madrugada del 20 de julio en la residencia estudiantil de la Institución Educativa Ciro Alegría, en el distrito de Nieva. Los militares ingresaron de forma irregular a las instalaciones para perpetrar el acto ilícito contra las menores. Ante los gritos de auxilio de las estudiantes, los sujetos huyeron del lugar.
Pero lo que fue novedad en la prensa no lo es para las niñas, adolescentes y mujeres de la provincia de Condorcanqui.
Rosmary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis nos dice cómo la inacción del Estado peruano mantiene a su población en la pobreza, sin condiciones de vida digna ni acceso a derechos fundamentales, y cómo niñas desde muy corta edad, adolescentes y mujeres indígenas sufren en gran parte las consecuencias de la situación.
El escenario es cruel y rompe el alma: civiles y militares han abusado sexualmente de ellas. No es una situación que se viva exclusivamente en las comunidades nativas fronterizas.
En Santa María de Nieva se concentra el mayor número de casos de violencia durante los últimos tres años, seguido por El Cenepa y Río Santiago. Según el Ministerio de la Mujer, la provincia de Condorcanqui enfrenta una situación crítica de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, siendo la violencia sexual una de las modalidades de mayor incidencia.
Los registros del Centro Emergencia Mujer y Familia de Condorcanqui (CEMF) evidencian que esta problemática afecta principalmente a la población indígena Awajún y Wampis, especialmente a niñas y adolescentes, quienes enfrentan múltiples barreras para acceder oportunamente a los servicios de protección y justicia debido a la dispersión geográfica, las dificultades de comunicación, las diferencias culturales y la limitada presencia del Estado en las comunidades.
En 2024, fueron atendidos por el CEMF 370 casos mientras que en el 2025 hubo 558 denuncias. Es decir, se incrementó en 51%, evidenciando un agravamiento del problema.
Este año, solo en el período de enero a mayo, se registraron 250 casos (no refleja el comportamiento de todo el año). No obstante, al mes de julio, el CEMF registró 325 casos de violencia, lo que evidencia que la problemática continúa de manera sostenida y requiere fortalecer las acciones de prevención, protección y acceso a la justicia.
Es decir, de enero a mayo de este año hubo 1.178 casos, pero al mes de julio la cifra se incrementó a 1.253 denuncias por abusos a menores.
Vulnerabilidad en menores
En el 2024, del total de las víctimas, 324 fueron mujeres y 46 varones; mientras que en el 2025 el registro señala que 477 mujeres fueron abusadas y 81 fueron varones. Este año, de enero a mayo, hubo 250 víctimas (223 mujeres y 27 varones).
Esto demuestra que durante el período 2024–2026, más de ocho de cada diez víctimas atendidas por el CEMF fueron mujeres. Esta tendencia evidencia que la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a mujeres, niñas y adolescentes, quienes constituyen la población de mayor vulnerabilidad en la provincia.
Asimismo, en el 2024, de 284 víctimas identificadas, 213 son Awajún Wampis, 70 mestizos y uno quechua. En el 2025, de 403 víctimas, 327 son Awajún Wampis, 75 mestizos y uno quechua; mientras que en el presente año, de 173 casos, 153 son Awajún Wampis, 19 mestizos y uno quechua.
Este estudio de la base de datos CEMF Condorcanqui evidencia que la violencia afecta principalmente a la población indígena Awajún y Wampis, con una tendencia creciente durante el período 2024-2026.
Esta realidad pone de manifiesto la especial vulnerabilidad de las mujeres, niñas y adolescentes indígenas.
La violencia sexual se mantiene como la modalidad de mayor incidencia durante el período analizado, representando el principal motivo de atención del CEMF, por encima de la violencia física, psicológica y económica. Esta tendencia refleja la especial afectación que enfrentan niñas y adolescentes en la provincia y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección y acceso a la justicia.
En los tres años analizados, alrededor de siete de cada diez víctimas fueron clasificadas con riesgo severo.
Los resultados evidencian que la violencia es ejercida principalmente por personas del entorno cercano de las víctimas, como familiares, parejas o exparejas, así como por personas sin vínculo familiar, especialmente en los casos de violencia sexual.
El subregistro de la violencia sexual en la región amazónica es abrumador y tiene que ver con diversos factores. Las niñas y las mujeres desconocen las rutas de denuncia y atención, no encuentran respaldo familiar ni comunitario para denunciar, tienen temor de las represalias de los victimarios, y no encuentran presencia institucional cercana o accesible.
Por otro lado, la mayoría de las instituciones en capacidad de recibir o acompañar las denuncias no cuentan con mecanismos de atención en lenguas indígenas, y suelen tener un trato revictimizante hacia las denunciantes. Denunciar y buscar protección es una misión imposible.
El representante de la Defensoría del Pueblo de Amazonas, José Luis Oblitas, también alertó que, además de los casos de violencia sexual, las víctimas padecen por la lejanía de los centros de salud y la falta de comisarías en esta zona fronteriza con Ecuador.
Explicó que Santa María de Nieva, capital de Condorcanqui, está a unas 16 horas de Chachapoyas, capital de la región Amazonas; razón por la cual se solicita al Ejército poner a disposición un helicóptero para el traslado inmediato de las víctimas.
"Tanto es así que muchos hechos se investigan en el lado ecuatoriano y no se investigan en territorio peruano, porque no tenemos comisarías y están a dos y tres días de viaje en sistema fluvial. A veces por la lluvia no puede zarpar porque pone en peligro a todos los ocupantes", finalizó.
DATOS
Abogado. En junio una adolescente Wampis fue víctima de violencia sexual por parte de un abogado del sector público, en Condorcanqui.
Incremento. Rosemary Pioc advirtió que la violencia sexual y la trata de personas continúan incrementándose en Condorcanqui.
Injusto. "Estamos cansadas de denunciar. Hay mucha impunidad y ausencia de justicia", reveló.
Fuente: larepublica.pe
