Las empresas minero-energéticas aguardan con optimismo la instalación del nuevo Gobierno en la esperanza de que ponga fin a la continua rotación de funcionarios públicos – doce ministros de Energía y Minas en los últimos cinco años – y que encuentre soluciones a los problemas de fondo que dificultan las inversiones.
“Es imposible gestionar cuando en cinco años pasan doce o trece ministros de Energía y Minas y un número equivalente de viceministros y directores generales de Electricidad”, apunta Walter Sciutto, CEO de Pluz Energía.
Al respecto preguntamos a los actores del sector minero, hidrocarburos y electricidad cuáles son sus expectativas con el próximo Gobierno y qué medidas urgentes consideran que éste debería tomar para reencausar los proyectos y beneficiar a la población peruana.
Minería
El problema más urgente que debe atender el Ejecutivo en materia de minería es el desborde de la denominada minería informal/ilegal, que se ha convertido en la principal amenaza “no solo para la minería formal, sino para nuestro país, pues constituye la economía ilegal más grande, superando al narcotráfico”, anota Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE.
En ese sentido, la líder gremial solicita al nuevo Gobierno que se enfoque en promover Ley Mape (Minería Artesanal y de Pequeña Escala) y en cerrar definitivamente el Reinfo, “régimen pernicioso” que sirve de escudo para que las economías ilegales delincan y se multipliquen a expensas de otros pequeños mineros y el país.
Para apuntalar este esfuerzo, Víctor Góbitz, CEO de Quilla Resources, sugiere que la nueva administración convoque a todas las partes involucradas en el proceso de formalización minera.
El objetivo, indica, será lograr la “trazabilidad física de la formalización”, sumando al Osinergmin y al Oefa en la fiscalización de las MAPE.
Y es que, a su entender, no debe haber una división arbitraria entre la gran minería y las MAPE porque “algunas operaciones de pequeña escala han crecido en dimensión y potencialmente pueden generar riesgos muy altos para la población si no gestionan bien sus residuos”, explica.
A ese efecto, el ejecutivo recomienda tomar como base la Ley General de Minería, para hacer las precisiones legales correspondientes y evitar, así, las largas discusiones que podrían demorar la redacción de la Ley MAPE en el Congreso.
Torreblanca y Góbitz también instan al nuevo Gobierno a simplificar y agilizar la aprobación de los estudios ambientales de los proyectos mineros, pero sin relajar los estándares vigentes.
Es el caso de los permisos ambientales para exploración temprana, los cuales podrían ser reemplazados con formatos más sencillos como una declaración jurada, siguiendo el ejemplo de otros países, como Estados Unidos, señala la presidenta de la SNMPE.
En esa misma línea, Góbitz considera indispensable crear una oficina o entidad que integre en un solo espacio físico a todos los ministerios y entidades técnicas involucradas en la aprobación de los estudios ambientales, para evitar “que los papeles recorran cien oficinas”, como ocurre ahora.
“La Ventanilla Única Digital no cambia nada. Lo que cambiaría las cosas es es una mesa única donde el inversionista se siente con el Estado y todas las entidades involucradas: Minem, Minam, Mincu, Senace, ANA, Serfor y otros, de tal manera que haya una mirada integral y rápida del proyecto”, manifiesta.
Electricidad
El gran reto del próximo Gobierno es llevar la energía a todos los peruanos, apunta Erick García, ex director general de hidrocarburos.
Para ello, indica el especialista, el Ministerio de Energía y Minas debe definir cuáles son las necesidades mínimas de la población a fin de hacer una proyección realista de la demanda y lograr que la energía se vuelva “un habilitante para que las familias gocen de sus derechos fundamentales”.
Esto quiere decir, remarca, que los peruanos deben contar no solamente con un foco y una cocina, sino con iluminación permanente, agua caliente, climatización y medios para conservar sus alimentos.
Advierte, sin embargo, que esto no se conseguirá si no se cambia el modelo regulatorio porque los organismos reguladores – empezando por Osinergmin – ya tocaron un techo y se han vuelto una barrera de entrada para el despliegue de inversiones.
“Para poder cerrar la brecha de los servicios públicos a nivel nacional se requiere cambiar al regulador, sus objetivos, sus alcances y la selección de sus directores. Se necesita una reforma urgente”, manifiesta.
Así los expresaron también los CEOs de las empresas de distribución eléctrica en el último Expo Energía 2026.
“El Perú es hoy el país más atrasado de la región en lo que respecta a regulación en distribución. Por eso, hay que reformular el marco regulatorio y tarifario”, indicó Juan Miguel Cayo, CEO de Electrodunas.
En esa línea, Mario Gonzales, CEO de Luz del Sur, propuso crear una comisión de trabajo en donde participen las empresas públicas y privadas, el Ministerio de Energía y Minas y el regulador (Osinergmin) para redactar un proyecto en conjunto que incorpore a las distribuidoras eléctricas a la transición energética.
Hidrocarburos
Indispensable también, advierte García, es reforzar al Minem para que pueda cumplir su objetivo de promover el desarrollo sostenible de las actividades energéticas. “No puede ser que la Dirección General de Hidrocarburos sea el área más pequeña del ministerio”, subraya.
Esto, cuando hay por delante tareas urgentes por delante, como la exploración de hidrocarburos para incrementar las reservas de petróleo y gas natural.
En esa línea, García instó al Gobierno a “acelerar los tiempos y eliminar los instrumentos ambientales que no se requieren” para viabilizar la exploración en el Candamo (Puno- Madre de Dios) y otras zonas que han sido declaradas áreas protegidas.
“Tiene que haber una mirada libre de todo sesgo ideológico porque existen tecnologías que permiten minimizar el impacto ambiental; lo que no podemos dejar pasar es la ola de exploración por gas natural y petróleo”, apunta, por su lado, Víctor Góbitz.
Esto es importante, señala, porque el Perú es importador neto de hidrocarburos y eso juega en contra de la economía del país porque “nos deja expuestos a los vaivenes de la política mundial y, al final, los efectos de la subida en los precios la trasladamos a los que tienen menos ingresos”, explica.
Finalmente, los expertos alertan sobre la necesidad de llevar la reorganización de Petro-Perú hasta las últimas consecuencias.
Así, Góbitz refiere que el próximo Gobierno “debe mirar frío” para construir un modelo que permita la inyección de capital privado, de manera tal que “las decisiones que involucran cifras muy grandes se tomen de la manera correcta”.
“La reorganización a cargo de ProInversión es sólo un primer paso. Si logramos atraer a un accionista, lo que va a hacer es inyectar modernidad en la gestión operativa y financiera, además de transparencia”, anota.
De esta manera, señala, lograremos que el Estado peruano siga siendo el principal accionista y que Petro-Perú tenga la oportunidad de mejorar la estructura de su gobierno corporativo “que se ha quedado en el siglo pasado”.
Fuente: elcomercio.pe