Keiko Fujimori será, qué duda cabe, proclamada próximamente presidenta del Perú por un JNE y una ONPE cuyas actuaciones durante este proceso electoral han sido ampliamente cuestionadas. Al cierre de esta columna no existen pruebas concluyentes para afirmar que hubo fraude, pero sí un conjunto de irregularidades que muchos consideran incompatibles con una elección que debía ser incuestionable para garantizar la legitimidad social de quien resultara elegida.
Entre ellas destacan la ilegal aceptación de la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, con el proceso en marcha; el cambio en el registro y envío de actas provenientes del extranjero entre la primera y segunda vuelta, y el inusual vuelco del conteo rápido de IPSOS, históricamente preciso y que solo tuvo un antecedente similar en las fraudulentas elecciones fujimoristas del año 2000.
El mapa electoral actual muestra un país en el que Keiko Fujimori no obtuvo la victoria: ganó en solo 9 regiones, mientras Roberto Sánchez lo hizo en 16. Así, la candidata que llegó a segunda vuelta con apenas el 16% de los votos (gracias al diseño electoral de su pacto) y arrastrando el mayor antivoto de la política peruana iniciará su gobierno con una legitimidad social muy precaria. En ese escenario, lo esperable de un partido demócrata sería empezar a tender puentes. Sin embargo, los hechos recientes muestran el camino elegido por el fujimorismo: la persecución política y la censura.
Los ataques se han concentrado contra tres sectores: periodistas de investigación y comunicadores independientes críticos; fiscales y jueces que han llevado adelante las investigaciones que la llevaron a la cárcel, así como magistrados que, bajo el amparo de la ley, se han negado a aplicar la inconstitucional ley de amnistía promovida por el fujimorismo; y dirigentes y opositores políticos, como el doctor Hernando Cevallos, por tan solo llamar a la ciudadanía a organizarse para defender el voto y exigir explicaciones frente a las irregularidades denunciadas.
La intensificación de la persecución política contra Gustavo Gorriti; los fiscales Vela y Pérez; la exfiscal de la Nación Espinoza; el juez Carhuancho; y, ahora último, la denuncia de la procuraduría contra voces críticas de la actividad partidaria y voces disidentes del activismo y el periodismo (denuncia en la que se me incluye) se suma a recientes leyes aprobadas por el fujimorismo, como la ley de censura contra los artistas (algunos muy vocales antifujimoristas en el Perú) y la ley de impunidad para policías y militares, que transmiten una señal muy preocupante sobre la forma en que el próximo régimen busca gestionar su precaria legitimidad social y las protestas en las calles: carta libre a las FFAA y policiales para transgredir derechos, censura de voces discordantes y persecución de quienes pueden investigarlos.
Estos ataques contra periodistas, fiscales, jueces, activistas y opositores, junto con las últimas iniciativas, advierten de un patrón orientado a la intolerancia política y contra los agentes fiscalizadores desde la prensa independiente y el sistema de justicia, lo que pone en riesgo desde ya derechos fundamentales como la libertad de expresión y la participación política.
Keiko Fujimori prometió gobernar como su padre. Hoy, rodeada de figuras históricas del régimen corrupto y asesino de Alberto Fujimori (Aguinaga, Salgado, Chávez, Moyano, entre otros), esa promesa adquiere un significado macabro: perseguiré como mi padre, aplastaré a la oposición política como mi padre.
Igual que su padre, el keikismo ha logrado capturar en los últimos 10 años el TC, DP, JNJ y parte del MP, y asegura la lealtad por impunidad a las FFAA y policiales. Pero el Perú de este miércoles ya no es el de los años noventa. Existen más medios independientes, más espacios digitales, una ciudadanía más vigilante y una oposición democrática firme que, a la luz de estas señales, se articula en defensa de derechos y libertades.
Si este gobierno decide inaugurar su mandato con persecución, censura y violencia de Estado, encontrará una sociedad dispuesta a defender la democracia y sus derechos. La historia demuestra que ningún poder es absoluto cuando existe una ciudadanía organizada y decidida a exigir que la Constitución y el Estado de derecho sean respetados. Pudimos contra el padre, que acabó en la cárcel por sus delitos junto con gran parte de su cúpula; podremos contra la hija y sus secuaces cada vez que sea necesario.
Fuente: larepublica.pe
