En la Amazonía peruana, cerca de 20 millones de hectáreas de territorios indígenas aún carecen de reconocimiento legal o de seguridad jurídica plena. La ausencia de títulos deja a cientos de comunidades expuestas a invasiones, deforestación, economías ilegales y conflictos por el uso de la tierra. Sin embargo, un nuevo informe muestra que allí donde los pueblos indígenas logran asegurar sus derechos territoriales ocurre lo contrario: los bosques se conservan mejor, disminuye la deforestación y se fortalece la gobernanza local.
El informe Proteger la Amazonía: la tenencia de las tierras indígenas y la protección de los bosques en la Amazonía peruana, elaborado por Rainforest Foundation US y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y publicado en junio de 2026, estima que esa superficie pendiente de titulación equivale a un área mayor al estado de Washington, en Estados Unidos. Del total, alrededor de 700 comunidades permanecen detenidas en alguna etapa del proceso de reconocimiento, titulación o inscripción registral, trámites que pueden prolongarse durante años e incluso décadas.
Para los pueblos indígenas, el primer paso de ese proceso tiene un significado que va mucho más allá de un requisito administrativo. “El reconocimiento legal es como una partida de nacimiento y es lo que permite luego el proceso de titulación”, explica el apu José Murayari, vicepresidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), en conversación con Mongabay Latam. “A veces el mismo Estado no te quiere reconocer porque no hay un estudio antropológico, pero una comunidad se crea desde el momento que está asentada en el río”.
Entre 2011 y 2020, el Estado peruano y la cooperación internacional destinaron aproximadamente 158 millones de dólares a programas de titulación de tierras. Según el informe, pese a esa inversión, menos de la mitad de las 1209 comunidades priorizadas logró completar el proceso. La investigación concluye que el principal obstáculo no ha sido únicamente la disponibilidad de recursos, sino la complejidad del procedimiento: una comunidad puede enfrentar hasta 22 trámites distribuidos entre 12 entidades públicas para obtener un título, mientras que desmontar un bosque para actividades agrícolas puede requerir apenas dos o tres autorizaciones.
Frente a ese panorama, una experiencia desarrollada en Loreto muestra que es posible acelerar los procesos cuando cambia la forma de implementación. Desde 2023, el modelo SI-TIERRA —una estrategia para agilizar la titulación de territorios indígenas, liderada por las organizaciones indígenas agrupadas en Aidesep, en articulación con el Gobierno Regional de Loreto y Rainforest Foundation US— ha permitido avanzar en la titulación o en el fortalecimiento de la seguridad territorial de más de 40 comunidades indígenas, cubriendo aproximadamente 77 265 hectáreas, un área un poco más grande que la ciudad de Chicago. Los tiempos, que antes podían extenderse durante años, se han reducido a entre ocho y dieciocho meses.
“Bajo el marco de este proceso legal, sí se puede hacer un proceso de titulación en menos tiempo y con un costo bastante asequible”, sostiene Waldir Azaña, coordinador nacional del Centro de Información y Planificación Territorial (CIPTA) de Aidesep. El especialista explica que el avance no requirió modificar la legislación vigente, sino reorganizar la implementación del proceso: resolver conflictos territoriales antes del ingreso de las brigadas de campo, fortalecer los equipos técnicos del Gobierno Regional de Loreto y mantener una coordinación permanente con las organizaciones indígenas.
En la práctica, Azaña describe que SI-TIERRA combina varias acciones que buscan cerrar las brechas del proceso tradicional de titulación. Antes del ingreso de las brigadas estatales, las organizaciones indígenas —principalmente a través de Aidesep y sus federaciones regionales— facilitan acuerdos entre comunidades sobre límites territoriales y uso del espacio, reduciendo disputas internas que suelen paralizar los expedientes.
Paralelamente, se realiza la preparación técnica de la información geográfica y documental, mientras que el Gobierno Regional de Loreto despliega brigadas de campo integradas por abogados, especialistas en sistemas de información geográfica, técnicos sociales y expertos en suelos. A ello se suma la participación de técnicos indígenas dentro de los equipos de trabajo, que acompañan la georreferenciación, el levantamiento de información en campo y la resolución directa de conflictos en territorio, evitando que las superposiciones detectadas en los mapas oficiales se conviertan en bloqueos administrativos.
Un desafío que se resuelve con coordinación
A este panorama se suma un problema persistente dentro de los registros oficiales: la información elaborada desde un escritorio burocrático —en muchos casos sin verificación en campo— ha terminado superponiendo comunidades entre sí en los mapas estatales, generando traslapes que no existen necesariamente en el territorio, pero que sí bloquean los procesos de titulación en las oficinas públicas.
“Ha habido algunos proyectos que han ejecutado procesos de georreferenciación en gabinete y que, al no ir a campo, han traslapado a las comunidades nativas y ahí se ha generado un conflicto tremendo”, advierte Azaña.
En ese contexto, la experiencia en Loreto replantea la forma en que se interviene el territorio, explica el especialista. En lugar de avanzar comunidad por comunidad, el trabajo se organiza por “paisajes”, es decir, áreas completas donde varias comunidades comparten territorio, límites y, en muchos casos, disputas no resueltas. El objetivo es anticipar esos conflictos antes de que ingresen las brigadas estatales y evitar que el proceso se detenga en plena ejecución.
Uno de los primeros ensayos de este enfoque se desarrolló en la zona de la triple frontera con Colombia y Brasil, donde se trabajó con 12 comunidades nativas de manera simultánea. Allí, el proceso no comenzó con la presencia de equipos técnicos del Estado, sino con un trabajo previo impulsado por organizaciones indígenas para ordenar el territorio desde dentro. En esa etapa inicial, los propios líderes comunales revisaron linderos, ajustaron acuerdos y redujeron tensiones históricas que, en otros contextos, han paralizado expedientes durante años.
“La triple frontera ha sido el piloto”, explica Azaña. “Se hizo la georreferenciación de las 12 comunidades nativas y a las que se iban encontrando que estaban en ese proceso, se les reconocía y se les titulaba. Y a las que se le tenía que ampliar el territorio porque lo estaban usando y usufructuando, pero no tenían derechos, se les ampliaba”. Es decir, el esquema permitió corregir o ampliar áreas cuando se confirmó su uso ancestral, avanzando de manera simultánea en reconocimiento, titulación y ampliación, detalla el especialista.
Sin embargo, también reconoce que la brecha no desaparecerá fácilmente. Las familias se desplazan dentro de sus territorios, surgen nuevas ocupaciones y los conflictos se reconfiguran constantemente. La titulación, en ese sentido, es un proceso continuo más que un punto final.
“Las familias o los clanes que son de zonas inundables de esas comunidades migran hacia la parte alta dentro de su territorio, se asientan ahí y empiezan a generar su agricultura familiar”, explica Azaña. “Ellos también tienen todo el derecho a ser reconocidos y titular en ese nuevo espacio donde se asienten. En ese proceso estamos y hacia allá vamos, a tratar de buscar los mecanismos de seguridad jurídica por pueblo”.
La experiencia de Loreto sugiere que el modelo SI-TIERRA puede escalarse si se cumplen tres condiciones: voluntad política sostenida, financiamiento estable para trabajo de campo y fortalecimiento de las organizaciones indígenas como actores centrales del proceso, sostiene.
Azaña explica que una parte central del trabajo ha sido construir un sistema de apoyo interinstitucional en el que las brigadas del Gobierno Regional de Loreto no trabajan de forma aislada, sino junto a técnicos indígenas y líderes comunales. “Hemos logrado que las direcciones regionales de agricultura, dentro de la designación de la brigada, incluyan técnicos indígenas de la organización”, señala.
En ese esquema, la presencia de los dirigentes indígenas no es solo consultiva. Las brigadas del Estado ingresan a campo acompañadas por representantes de las federaciones regionales y las comunidades participan desde el inicio del levantamiento de información. “Convocamos a las comunidades involucradas y los jefes acompañan para aprender cuál es el procedimiento que se hace para lograr el título”, explica Azaña. Esa dinámica permite que la resolución de conflictos no dependa únicamente de criterios técnicos o administrativos, sino también de acuerdos construidos en el propio territorio.
El modelo también introduce ajustes dentro del propio Estado, sostiene. La creación de equipos técnicos permanentes en la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego (GERDAGRI) —integrados por abogados, especialistas GIS, técnicos sociales, expertos en suelos y representantes indígenas— busca sostener la capacidad operativa más allá de los cambios políticos.
“Lamentablemente el alto cambio de funcionarios conlleva a que los procesos se extiendan a mayor tiempo. Entonces, este equipo, más allá del cambio del director, es permanente”, sostiene Azaña. “Este equipo, desde el día que empezamos con el proyecto y hasta la actualidad, viene trabajando a pesar de que ya han pasado varios directores por Agricultura. Este modelo nos ha permitido otorgar más de 40 títulos en menos de tres años”.
Titular territorios para conservar el bosque
La relación entre la seguridad territorial indígena y la conservación de los bosques no es automática ni lineal. El informe advierte que no se trata simplemente de que tener un título garantice por sí mismo la protección del bosque, sino de un proceso más complejo en el que la gobernanza local, la capacidad de vigilancia y la organización comunitaria juegan un papel central.
Donde los territorios están formalmente reconocidos, las comunidades no solo tienen seguridad jurídica, sino también mejores herramientas para gestionar su entorno, reducir vulnerabilidades y responder frente a invasiones, tala ilegal o actividades extractivas no autorizadas. En ese sentido, la titulación funciona como una base para el ejercicio cotidiano del control territorial.
“Cuando ya está asegurado tu territorio, ya puedes monitorearlo, ya sabes de dónde a dónde es”, explica Murayari, vicepresidente de ORPIO. Esa claridad permite organizar patrullajes comunales, identificar con precisión zonas de uso y establecer alertas frente a actividades ilegales. “Estamos monitoreando infractores, tala, caza, deforestación, sembríos ilícitos, intervenciones en los ríos, minerías”, añade.
Desde la implementación del proceso, esa capacidad de control depende también de algo más básico: que el territorio esté físicamente delimitado y validado en campo desde el inicio. Gina Ruiz-Caro, directora para la Amazonía Occidental de Rainforest Foundation US, explica que el trabajo de las brigadas no se limita a revisar planos, sino a materializar los límites en el territorio.
“Antes los linderos eran un poco ‘imaginarios’ o había pequeñas muestras de linderos. Pero en el modelo SI-TIERRA se asegura que haya linderos físicos de concreto. Entonces, se pueden ver”, señala. Ese trabajo implica la instalación de hitos en campo por parte de equipos técnicos de GERDAGRI y las organizaciones indígenas, un proceso logístico complejo que incluye el traslado de sacos de cemento y materiales a zonas remotas.
Para Ruiz-Caro, ese cambio tiene efectos directos en la gobernanza local: la presencia de límites visibles reduce disputas entre comunidades y permite una gestión más clara del territorio. “Eso termina en algo físico que ayuda en una mejor gobernanza, a reducir los conflictos y a que ellos sepan exactamente dónde empieza y dónde termina su territorio”, concluye.
El informe documenta además la magnitud de la presión que enfrentan estos territorios. En la Amazonía peruana, las 20 millones de hectáreas de territorios indígenas que aún carecen de seguridad jurídica plena se superponen con múltiples intereses: más de 9 millones de hectáreas de concesiones forestales y 15.4 millones de hectáreas de lotes de hidrocarburos coinciden parcial o totalmente con territorios indígenas, generando un escenario de alta conflictividad y vulnerabilidad estructural.
Pero detrás de esas cifras hay una historia más larga. “Sabemos que la Amazonía existe porque existen ahí pueblos indígenas que se resistieron a muchos proyectos que el Estado impulsó hacia esas zonas, por ejemplo, el caucho, la minería y el oro”, sostiene Azaña. Esa resistencia histórica no es solo un relato del pasado: se expresa hoy en la permanencia del bosque y en la continuidad de sistemas de vida que han evitado la conversión masiva de estos territorios, agrega.
El vínculo entre titulación y conservación se refleja en patrones territoriales, con un control efectivo del espacio. “Hay un diagnóstico del Ministerio del Ambiente (MINAM), que hace cada dos años: el Mapa de Deforestación, que si lo traslapas con el mapa de titulación de comunidades nativas, vas a ver que la deforestación, donde ya encuentra un título de propiedad, bordea ese título, porque hay una población que se resiste a que no talen sus recursos naturales”, explica Azaña.
Desde esa perspectiva, la titulación no es solo un trámite administrativo, sino una forma de reconocer a quienes han sostenido la integridad del bosque, añade el especialista. En esa lógica, proteger a los pueblos indígenas no es solo una cuestión de justicia histórica, sino una de las estrategias más efectivas para enfrentar la expansión de proyectos cuyos impactos negativos siguen presionando a la Amazonía.“Se debe defender primero al que está allí, al que defiende a la vida silvestre, que son las comunidades nativas”, concluye Azaña.
Ruiz-Caro coincide en la dimensión territorial del cuidado: “Siempre que una comunidad tenga sus derechos territoriales reconocidos cuenta con una herramienta indispensable para poder seguir conservando su territorio”, concluye. “No hay mejor y más sano territorio que aquel que está cuidado y preservado por sus habitantes de toda la vida”.
*Imagen principal: desde 2023, la iniciativa SI-TIERRA, liderada por comunidades indígenas, ha ayudado a asegurar la tenencia de la tierra para más de 40 comunidades, abarcando más de 77 000 hectáreas de selva tropical. Foto: cortesía Sacha Cine/Rainforest Foundation US
El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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Fuente: elcomercio.pe