El Poder Judicial condenó a un comandante y a otros seis suboficiales de la Policía Nacional por facilitar el examen que el oficial había elaborado para la especialidad de orden público y seguridad y, con ello, obtener el título profesional técnico en ciencias administrativas y policiales de suboficiales PNP, a cambio de beneficios económicos.
Este nuevo escándalo en la PNP ha causado indignación en el comando de esa institución, pues a ello se suma la sentencia contra otros cinco policías y un inspector que intervinieron, torturaron y causaron la muerte de un civil en la provincia limeña de Barranca.
Según se informó, la Inspectoría General, a cargo del teniente general PNP Augusto Ríos, lidera una estrategia institucional de tolerancia cero a la corrupción. Entre sus acciones clave destaca la reciente aprobación de la Directiva N.° 180-2026-CG PNP/IG, que implementa un Equipo Especial Anticorrupción para intervenir directamente en faltas disciplinarias y delitos graves dentro de la institución.
El último jueves, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica (Segundo Despacho) confirmó la condena al comandante PNP Jorge Antonio Sánchez Ponce, así como a otros seis suboficiales de la PNP, por el delito de cohecho pasivo propio.
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Como se sabe, los hechos se remontan al 2 de octubre del 2020, cuando el investigado comandante PNP, en su condición de director de la Escuela Superior Técnico Policial de Huancavelica y miembro del Comité del Proceso de Evaluación del Examen, habría solicitado directamente a la suboficial PNP Gabriela Salazar Aylas, e indirectamente a otros subalternos, un beneficio económico a cambio de entregarles el examen que él previamente había elaborado para la especialidad de orden público y seguridad, para la obtención del título profesional técnico en ciencias administrativas y policiales de suboficiales PNP, que se realizó el 3 de octubre del 2020.
La investigación logró obtener los reportes bancarios que confirmaron los depósitos realizados por seis suboficiales para acceder al beneficio ilícito. También se halló en poder de la facilitadora el cuestionario con las respuestas marcadas en negrita, durante la intervención al inicio del caso.
Los seis suboficiales que pagaron para obtener el material y asegurar su titulación técnica de manera fraudulenta recibieron cuatro años de prisión suspendida.
Se trata de Andiela Aguilar, Jhislend Auquilla, Lisbett Huamán, Fernando Yaringaño, Junior Díaz y Luis Nestares.
La pena contra el exjefe policial, el comandante Jorge Sánchez, es de cinco años de prisión suspendida, con un periodo de prueba de tres años bajo reglas de conducta.
Además, se le inhabilitó por cinco años para ejercer cualquier cargo público. Los siete condenados deberán pagar en conjunto una reparación civil de S/40.000 a favor del Estado peruano.
Según los hechos demostrados por el fiscal adjunto provincial Christian Huamán Ramos, Sánchez filtró el banco de preguntas resuelto de un examen de suficiencia profesional a cambio de pagos ilícitos. Exigió, a través de una intermediaria, S/100 a cambio de entregar "las fijas" de la prueba mediante grupos de WhatsApp.
Asimismo, los suboficiales de la institución pagaron por obtener el material para asegurar su titulación técnica de manera fraudulenta.
La fiscalía presentó pruebas contundentes, como informes de análisis digital forense que recuperaron mensajes de audio en los que se mencionaba explícitamente que el exdirector requería un monto económico por el apoyo en la evaluación.
Asimismo, presentó los reportes bancarios que confirmaron los depósitos de los suboficiales, así como el cuestionario con las respuestas marcadas en negrita, hallado en poder de la facilitadora durante la intervención realizada al inicio de la investigación.
ABUSO POLICIAL Y MUERTE
De otro lado, el Poder Judicial también emitió sentencia contra cinco efectivos policiales y un civil por su responsabilidad en la muerte de Adolfo Suárez Valerio (40), ocurrida tras una intervención policial registrada en Barranca hace más de un año.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Huaura, que concluyó que durante la intervención se produjo un uso excesivo de la fuerza, además de otras irregularidades.
Se valoraron imágenes de cámaras de seguridad, testimonios de testigos presenciales y diversos elementos probatorios que confirmaron la brutalidad policial.
Las sentencias dictadas por el juzgado, en adelanto de fallo, son de 20 años de prisión para Alan Rentería y el suboficial Rogero Salas. También de 13 años de cárcel para Guillermo Huamán, Marlón Huamán y Gelvan Hinojosa. Asimismo, se impusieron 8 meses de pena para Joel García por omisión funcional.
Todos los sentenciados deberán asumir de manera solidaria el pago de S/136.000 por concepto de reparación civil.
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Según la necropsia, la causa de muerte fue asfixia mecánica por compresión externa del cuello, resultado que fue considerado dentro de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
EL CASO DE MANCHAY
Finalmente, la Fiscalía Superior de Lima Sur dispuso el último jueves que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a cargo de la fiscal provincial Marcelita Gutiérrez, asuma la investigación contra quienes resulten responsables del delito de homicidio en agravio de un menor de 17 años de edad, quien permanecía detenido en la Comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacámac.
La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín (Tercer Despacho) derivará el caso y los avances de sus diligencias tras determinarse que los hechos habrían ocurrido en circunstancias que corresponde investigar a un subsistema especializado, puesto que involucra una muerte en custodia por agentes del Estado.
Fuente: larepublica.pe
