La Policía Civil del Distrito Federal de Brasil investiga a ocho hombres sospechosos de planear atentados contra los poderes públicos en Brasilia durante la campaña presidencial de octubre, en la que el mandatario Lula da Silva busca un cuarto mandato frente al candidato derechista Flávio Bolsonaro. La corporación no halló armas ni explosivos en los registros y no se produjeron detenciones.
Los investigados, de entre 19 y 31 años, residen en Pernambuco, São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul. No se conocían personalmente ni tenían antecedentes delictivos, y ejercían empleos diversos; uno de ellos es seminarista de un monasterio en Pernambuco, donde los agentes también realizaron registros bajo medidas cautelares. "Están en contra del sistema político. No se definen ni de izquierda ni de derecha", declaró el jefe del Departamento de Inteligencia de la Policía Civil, Maurílio Coelho.
Grupo coordinó acciones a través de Telegram
Según la Policía Civil, los sospechosos se conocieron en grupos públicos de Telegram y compartieron manuales de explosivos, mapas, planos arquitectónicos y modelos tridimensionales de edificios ubicados en la región central de Brasilia. Las conversaciones incluían discusiones sobre invasión de inmuebles, selección de objetivos, formación táctica y reclutamiento de participantes en distintos estados.
Entre los posibles blancos mencionados figuraban el Congreso, el Supremo Tribunal Federal, todos los ministerios y la planta baja de Planalto, sede del Ejecutivo. El secretario de Derechos Digitales del Ministerio de Justicia, Victor Fernandes, precisó que "lo que se investiga no se refiere meramente a opiniones, sino a la planificación de actos graves de violencia". La indagación, denominada Operación Red Interrumpida, está a cargo de la División para la Prevención y el Combate del Extremismo Violento y contó con el respaldo técnico de Ciberlab, laboratorio de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública.
Brasil refuerza vigilancia ante las elecciones
Las autoridades examinan los delitos de asociación delictiva, incitación al delito y glorificación del crimen, además de normas contra el racismo, sin que los hechos se clasifiquen por ahora bajo la Ley Antiterrorista. Fernandes solicitó también a la Agencia Nacional de Protección de Datos que investigue si Telegram incumplió su deber de impedir la circulación de contenidos delictivos, en el marco de la ley que Brasil aprobó en abril para endurecer la responsabilidad de las plataformas digitales.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Wellington César Lima e Silva, destacó el valor de la reciente legislación digital para enfrentar este tipo de delitos, entre ella el Decreto N.º 12.880 y los Decretos N.º 12.975 y 12.976, vinculados al Marco Civil de Internet y a la protección de mujeres en línea. La Policía Civil continúa el análisis forense del material incautado con el fin de determinar el grado de organización del grupo.
Fuente: larepublica.pe
