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La Procuraduría General del Estado (PGE), a cargo de María Aurora Caruajulca, firmó el contrato de alquiler más caro de su historia: S/ 6′201,600 por tres años en una torre de oficinas en San Isidro. Son S/ 163,200 al mes, casi el doble de lo que pagaba en su sede anterior.
No hubo concurso. El proceso se tramitó como Contratación Directa (N° 02-2026-PGE/DEC-1), la vía que permite elegir al proveedor sin competencia. La justificación: informes técnicos que aseguran que no existen inmuebles del Estado en Lima que cumplan los requisitos.
Para justificar la contratación directa, la PGE rechazó tres alternativas estatales –que eran cero costo– por fallas técnicas o “costos altos de adecuación”.
El local de Jesús María (Av. José Arnaldo Márquez), ofrecido por el MEF, fue descartado porque “no resulta habitable por sus condiciones”.
Otro inmueble estatal ubicado en Surquillo (Ricardo Palma 120), a cargo de PRONABI, también fue rechazado porque “no cumple condiciones mínimas de seguridad” y la intervención necesaria “excede las labores de mantenimiento”.
Una tercera opción gratuita, ubicada también en San Isidro, pero en Calle Los Libertadores, también fue desestimada por la PGE. Indicaron que no era viable porque “requiere una intervención integral de infraestructura y arrastra trabas de saneamiento físico-legal”. Hoy prefieren usarlo como depósito.
Consultado por este medio, la institución responde que “el crecimiento del personal (265 puestos de trabajo proyectados) obliga a ocupar los ocho pisos en San Isidro”.
El ganador del contrato por 6.2 millones es Promotora Asistencial S.A.C. – Clínica Limatambo. De hecho, este es su primer contrato millonario con el Estado, pues en el pasado nunca había obtenido un contrato mayor a los 300 mil soles.
El espacio fue adquirido para ser un hotel de lujo, según mencionó Edgardo Malpartida, gerente general de la Clínica Limatambo, en el año 2017 a Gestión. Pero ahora se ofrece como oficinas “prime”, con lobby de lujos, auditorios, terraza rooftop, entre otros.
La nueva sede suma 780 m2 adicionales de espacio respecto a la sede anterior.
Hay una incongruencia mayor. Según un contrato que obtuvo esta Unidad, un día antes de firmar el alquiler de San Isidro, la PGE hizo firmar a su personal acuerdos de teletrabajo que no reconocen gastos de luz ni internet.
La entidad admitió el hecho y explicó a El Comercio que eso “se encuentra sujeto a la disponibilidad presupuestal”. Es decir, no contaban con dinero para la luz con la que trabajan sus propios abogados.
Para el exprocurador Amado Enco, el alquiler es “absurdo” y revela lo ilógico de las “prioridades”. “Lo más urgente es atender la capacidad operativa de las procuradurías. La institución está pasando por una situación crítica no solo por el liderazgo, sino por una serie de temas insolutos ahora como la transferencia de procuradurías o plazas vacantes de hace años”.
La funcionaria castillista no ha rendido cuentas ni ha dado entrevistas desde que fue restituida por el Poder Judicial.
Consultada por esta Unidad sobre un aspecto general de su gestión —cuántas denuncias ha presentado contra altos funcionarios—, Carhuajulca evitó responder con una cifra o un balance global. En su lugar, solo se limitó a señalar que “la investigación tiene carácter reservado”.
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Fuente: elcomercio.pe