El candidato presidencial Roberto Sánchez pasará a juicio oral por la presunta comisión de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportes de Juntos por el Perú ante la ONPE. La decisión fue adoptada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió el auto de enjuiciamiento y dispuso que el caso avance a la siguiente etapa del proceso penal.
La investigación del Ministerio Público se centra en los informes financieros que la organización política presentó durante 2019. Según la tesis fiscal, los reportes remitidos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales consignaron que el partido no recibió aportes económicos durante ese año. Sin embargo, la Fiscalía afirma que existieron ingresos que no fueron declarados ante la autoridad electoral.
PUEDES VER: Kenji Fujimori no apoya a Keiko en segunda vuelta: "Después de lo que viví, decidí no volver a ser usado"
De acuerdo con el expediente fiscal, el monto que habría quedado fuera de los registros oficiales asciende a S/204.951,36. Los investigadores sostienen que esos recursos fueron depositados en una cuenta bancaria ajena a la estructura financiera formal del partido. La cuenta, según la acusación, fue creada por William Sánchez Palomino, hermano del también congresista.
La resolución judicial también deja constancia de que la defensa de Sánchez solicitó el sobreseimiento del caso durante la etapa intermedia del proceso. Sin embargo, el magistrado consideró que existen elementos suficientes para que los hechos sean debatidos en una audiencia pública, donde se evaluarán las pruebas presentadas por ambas partes.
PUEDES VER: Vivian Olivos renuncia a Fuerza Popular y llama a votar por Juntos por el Perú: "Tengo motivos"
Fiscalía sostiene que aportes no fueron reportados a la ONPE
La Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima sostiene que los fondos presuntamente omitidos impidieron que la ONPE pudiera fiscalizar adecuadamente el origen y destino de los recursos económicos de la organización política. Por esa razón, la acusación se centra en el presunto ocultamiento de información que debía ser reportada de manera obligatoria.
Entre los elementos incluidos en la investigación figuran documentos bancarios, registros financieros y movimientos realizados durante los meses de enero y julio de 2019. La Fiscalía considera que estas operaciones constituyen una prueba relevante para acreditar que existieron aportes económicos que no fueron consignados en los informes oficiales.
El Ministerio Público sostiene además que la información presentada ante la autoridad electoral no reflejó la totalidad de los ingresos obtenidos por la agrupación. Por ello, atribuye a Sánchez responsabilidad en calidad de dirigente político y representante de la organización durante el periodo investigado.
Fuente: larepublica.pe
