El Perú carece hoy de una política minera. No me refiero exclusivamente a un documento, que también, sino a que hoy, en el Estado peruano (y en el gobierno que ya termina), no hay una política minera, un lineamiento claro que —pase lo que pase— sea un motor y, a la vez, una ruta definitoria. Ese es el principal problema que enfrenta la minería formal y moderna (pequeña, mediana y grande).
Al no tener una política minera decidida, el Estado y los sucesivos gobiernos no solo no se reconocen en la minería, sino que además no la protegen ni la promueven. Esto es lo que ha sucedido desde el gobierno de Martín Vizcarra, Pedro Castillo y todos sus sucedáneos, y que debería terminar con la nueva administración fujimorista.
Cuando un Estado y un gobierno no reconocen que su presente y su futuro dependen de algunos sectores productivos clave (de la minería formal y moderna, o de la agroexportación), se los abandona y se deja a sus instituciones a merced de las fuerzas de la corrupción y del provecho político.
Hace una semana escribí que una de las primeras decisiones del nuevo ministro de Energía y Minas debería ser una reingeniería de los procesos internos, así como una reforma de los recursos humanos. Hay 14 funcionarios en Energía y Minas investigados por enriquecimiento ilícito en sus diversas áreas y altas direcciones mineras, entre ellas una oficina clave como la de Formalización. ¿Cuántos investigados habrá en los sectores de Electricidad y Energía, que también integran el Minem? Hay denuncias por presuntos actos de corrupción y cobros que desdibujan a un ministerio clave ante los ojos del mundo. Lo sucedido en Ingemmet en los últimos días cierra con broche vergonzoso la gestión de Balcázar, un presidente que ha decidido expoliar ministerios a dos semanas de irse.
La segunda decisión del nuevo Minem y del Gobierno en general debe ser la promoción de la minería formal y moderna. Ello implica revisar y corregir los llamados “cuellos de botella”. En los días recientes, mediante un decreto supremo, el Minem ha determinado que los proyectos de exploración con hasta 60 plataformas podrán ser evaluados mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cuyo plazo de evaluación es de 30 días hábiles. Cabe decir que anteriormente el límite era de 40 plataformas, y los proyectos que superaban ese número debían presentar un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, procedimiento cuyo plazo de evaluación es de 90 días hábiles. Algo es algo; no obstante, falta hacer más.
Miren lo que ha sucedido con Coroccohuayco, un proyecto de ampliación de Antapaccay en la provincia cusqueña de Espinar, cuyo proceso de consulta previa ha tardado más de 80 meses cuando, por ley, el plazo máximo es de 120 días. Coroccohuayco ha visto pasar a más de 10 ministros desde el vizcarrato, cuando, en una insensata gestión, se le exigió realizar la consulta previa con comunidades que no eran parte del área directa. El problema no es el tiempo que se exige, sino que se respete y se cumpla sin ampliaciones.
En este mismo sentido —y en un tercer punto— vamos con lo que sucede con el Reinfo y la minería informal, partera de la ilegalidad. Hace poco, el Poder Judicial condenó a dos mineros del Reinfo que vendieron a una planta de procesamiento oro de procedencia ilegal, camuflado como informal o en vías de formalización. La reforma para la formalización minera debe centrarse también en replantear la trazabilidad y ampliarla hacia las plantas de procesamiento como sujetos de investigación y sanción, tanto penal como civil. Porque hoy las plantas de procesamiento aceptan todo tipo de producción siempre y cuando tengan Reinfo vigente, sin importar la procedencia. Ese registro permite que las plantas de procesamiento se salven asegurando que hacen una “debida diligencia” al mineral que compran. Pero esa “debida diligencia” consiste solo en que el mineral entre a sus almacenes con Reinfo vigente. Nada más. Las plantas de procesamiento deben ser parte de una nueva reforma para la formalización.
Asimismo, una cuarta decisión es que, así como las leyes y normativas peruanas se adhieren a principios y enfoques como la igualdad de oportunidades, el respeto al ambiente y los derechos humanos, también deberían reconocer el principio y el “enfoque productivo”, que reconozco y expreso que es necesario para desarrollar la minería moderna y formal (que respeta los estándares sociales, ambientales y laborales) por sus impactos sociales y económicos al reducir la pobreza y crear clases medias, lo cual es, en última instancia, también un derecho humano.
Se espera mucho de este nuevo gobierno, y solo queda decir que se necesita una política minera firme y comprometida.
Fuente: elcomercio.pe