Una pista de aterrizaje clandestina se observa claramente desde el aire. El trazo de bosque despejado es claro como una pincelada color tierra en un lienzo verde. El líder indígena Jamer López, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), mira atentamente la pista desde la ventanilla de la avioneta. Minutos después confirma que está dentro del territorio de una comunidad nativa en Ucayali.
Durante la última semana, Mongabay Latam participó de tres sobrevuelos en la Amazonía peruana. Amplias extensiones de selva de Ucayali, Loreto y Huánuco estuvieron bajo la mira de autoridades nacionales y locales, representantes de instituciones públicas, miembros de la sociedad civil y periodistas.
Lee más | Llega el PUMA FEST: I Festival Latinoamericano de Periodismo Ambiental
Entre 14 y 17 puntos de interés estaban marcados en cada uno de los tres mapas que servían de guía en cada vuelo. Dragas que extraen oro de los ríos y retroexcavadoras utilizadas en la minería ilegal, deforestación, grandes parches –zonas deforestadas en medio del bosque— con cultivos ilícitos de coca destinados al narcotráfico, pozas de maceración, pistas clandestinas, campamentos en zonas mineras y zonas de bosques talados han sido parte del paisaje que se podía observar desde el aire.
Las rutas que siguieron las avionetas también permitieron ver cómo extensos campos de plantaciones de palma aceitera se han instalado en medio de los bosques de la selva. Visibles desde el aire eran también las miles de hectáreas que un día fueron bosque y que ahora, luego de haber sido deforestadas, están ocupadas por las colonias menonitas.
“Hemos pasado por el área judicializada de las colonias menonitas donde hemos visto que la actividad sigue creciendo y estamos viendo cómo en ese sector se está deteriorando el ecosistema”, comenta el fiscal Vladimir Rojas, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali.
El último día, Mongabay Latam sobrevoló el tramo hasta ahora avanzado de la carretera UC 105 que conecta Nueva Italia con Puerto Breu, una vía que cruza Ucayali hasta la frontera con Brasil. La vía ya se está abriendo paso en la selva y el trazo se observa como una carretera afirmada que va avanzando en medio del bosque. Sin embargo, el proyecto ha sido cuestionado desde su planteamiento porque su construcción, según indican expertos y líderes indígenas de las comunidades en la zona, abre las puertas para que economías ilegales ingresen con facilidad.
Lo que se vio en la ruta confirma los temores: en plena carretera un tramo se ha convertido en una pista de aterrizaje clandestina. El trazo es inconfundible.
En los sobrevuelos participaron el coordinador de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), Frank Almanza; fiscales de la FEMA de Ucayali; representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado; representantes de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida); integrantes de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (Dirmeamb) y líderes indígenas de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).
Los escenarios de la minería
Mientras sobrevolábamos la quebrada de Utiquinia, en Ucayali, Fernando Cotrina, especialista del Parque Nacional Sierra del Divisor, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), identificó una nueva zona de minería ilegal.
“Justamente en Utiquinia, donde nosotros tenemos mapeado cultivos ilícitos, en esa zona, hoy hemos podido evidenciar minería ilegal. Al georreferenciar los puntos en el mapa he comprobado que se encontraban en la cuenca de Utiquinia. No lo teníamos mapeado, pero ahora lo vamos a evaluar”, confirma Cotrina, especialista del Parque Nacional Sierra del Divisor, tras bajar del vuelo que bordeó esta área protegida.
La zona donde se visualizaron parches de bosque devastado por la actividad minera se encuentra cerca del área de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra del Divisor. “Nos sorprendió lo que vimos en Utiquinia porque no teníamos información de dragas en esa zona como sí sabíamos de la minería en el río Abujao, porque sí teníamos mapeado ese sector”, agrega Cotrina. Sin embargo, afirma, ”lo del Abujao se ve mucho más grande que lo observado en el último sobrevuelo del año pasado”.
En el río Abujao, cerca del área de amortiguamiento de Sierra del Divisor, se ha detectado una creciente presencia de minería ilegal, además de ser una zona con amplias extensiones de cultivo ilícitos de coca. El sobrevuelo mostró esta realidad, minería ilegal y narcotráfico expandiéndose en un mismo espacio geográfico.
“Hemos tenido dos reuniones donde participó el Sernanp, la Marina de Guerra del Perú, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, pero el gran ausente ha sido la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM)”, cuestiona el especialista del Parque Nacional Sierra del Divisor sobre los encuentros de coordinación para atender las amenazas de las economías ilícitas en las áreas protegidas.
Otras zonas con presencia de minería ilegal han sido parte de los recorridos. Una de ellas es la provincia de Puerto Inca, en Huánuco, donde una de las zonas más devastadas por la minería en esa región es el río Yuyapichis y su alrededores. Otro sector con presencia de minería ilegal corresponde al río Pachitea, también en Huánuco, donde se lograron ver ocho dragas. Un tercer sector se ubica en Curimaná, en el río Aguaytía, en Ucayali, donde se observaron nueve dragas en pleno trabajo de extracción de oro.
Al día siguiente del primer sobrevuelo, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental junto con la Marina de Guerra del Perú realizó un operativo en el río Aguaytía. Según el fiscal Almanza, coordinador nacional de la FEMA, quien estuvo en el operativo, durante el sobrevuelo “se ubicaron 12 dragas que estaban trabajando en el río” y con las coordenadas obtenidas durante el sobrevuelo salieron en la madrugada para la intervención.
“Los perseguimos en el río, los logramos alcanzar. Lamentablemente escaparon las personas que estaban operando, pero logramos destruir por lo menos seis dragas y las otras las hundieron ellos mismos”, señala Almanza sobre los resultados del operativo.
El fiscal José Guzmán Ferro, de la FEMA de Ucayali, comenta que gracias al avistamiento de las dragas en el río Aguaytía, durante el sobrevuelo “se logró realizar al día siguiente la acción correspondiente”. Agrega que las coordinaciones se realizaron el mismo día que se ubicaron las estructuras mineras en el río.
Isabel Canelo, líder de Gobernanza y Articulación Institucional en la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), considera que “debería existir una estrategia integral para abordar estas economías ilícitas”. Si bien destaca que se lograra una intervención en un “punto específico donde se realiza la extracción”, estima que para dar un golpe más fuerte “se debe ir a lo que está detrás, a cómo se están sosteniendo estos delitos, qué los sustenta”.
“La deforestación por cultivos ilícitos, minería ilegal y otras economías que convergen y como están ubicadas se refuerzan mutuamente”, agrega Canelo sobre cómo las actividades ilícitas están compartiendo territorios.
La cercanía de las economías ilícitas
El sobrevuelo no solo mostró las zonas devastadas por la minería ilegal sino también la dinámica de esta actividad en los bosques y los territorios indígenas de los que extraen oro de manera ilegal. En el recorrido fue posible observar zonas completamente devastadas, sectores con intensa actividad minera, pero también lugares que parecían, más bien, abandonados.
Las zonas mineras ubicadas en la provincia de Puerto Inca corresponden al área de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira. Dayan Matos, encargada de las acciones de vigilancia y control de esta reserva comunal, señala que una de las zonas devastadas pero sin actividad minera corresponde a la comunidad indígena tsirotzire.
“En años anteriores, la mayor cantidad de minería ilegal se situaba en Tsirotzire, donde han devastado todo el bosque”, comenta la especialista y agrega que cuando todo un sector ha sido depredado, los mineros buscan un nuevo lugar. En este caso la expansión se dio hacia la comunidad Nuevo Unidos del Tahuantinsuyo, “que ya está siendo degradada casi en su totalidad”.
“Estos mineros ilegales buscan nuevos espacios para poder realizar esta actividad ilícita. Lo que se está viendo es que como ya trabajaron en un espacio empiezan a buscar nuevos lugares para continuar el trabajo ilícito”, agrega Matos. Se expanden por la Amazonía.
Matos comenta que la minería ilegal podría estar migrando hacia la comunidad indígena Nueva Austria de Sira. “Es una amenaza latente para la reserva, porque están muy cercanos a ella”, comenta Matos sobre la presencia de la minería ilegal en las comunidades ubicadas en el área de amortiguamiento del área protegida. Estas comunidades forman parte de un grupo de 69 comunidades que integran el Ecosira (Ejecutor de Contrato de Administración de la Reserva Comunal El Sira), que junto con el Sernanp se encargan del manejo y administración de la Reserva Comunal El Sira.
La especialista del Sernanp menciona que los guardaparques del área protegida, la mayoría integrantes de los pueblos indígenas shipibo conibo y asháninka, muchas veces son amenazados mientras cumplen su trabajo. Matos asegura que cuando realizan los recorridos de vigilancia reciben gritos intimidantes y que en otras ocasiones les llegan mensajes amenazantes a través de terceras personas. “Las amenazas siempre van a estar porque de alguna forma estamos yendo contra sus intereses, que son las actividades ilícitas”.
Matos también reafirma que hay cultivos ilegales de coca en el área de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, en algunos casos, dentro de territorios comunales. “En algunas zonas, donde se ven cultivos ilícitos también se observa minería ilegal. Al parecer estas dos actividades se pueden estar organizando para no afectarse la una a la otra”.
Afirma, además, que en el área de amortiguamiento de la reserva han logrado identificar lugares en los que en un espacio se realiza minería ilegal y en otro adyacente se instalan cultivos ilícitos o tienen infraestructura instalada para esa actividad. El sobrevuelo realizado esta semana también ha permitido observar esta cercanía de ambas economías ilícitas.
Martín Arana, líder de Gestión Territorial Amazónica de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Amazónico (FCDS), conoce muy bien lo que sucede con la minería ilegal en la Amazonía peruana. Desde FCDS vienen mapeando, desde hace varios años, cómo se van desplazando y consolidando las economías ilícitas en la Amazonía.
El experto señala que esta actividad ilícita “es relativamente nueva en el río Aguaytía”, en la zona de Curimaná, mientras que “en Puerto Inca está más consolidada”. Sobre la presencia de la minería en el Abujao, comenta que “se ha intensificado en los últimos años”.
Un tema adicional que preocupa a Arana es “cómo en los lugares donde hay minería ilegal existe una avalancha de solicitudes de concesiones mineras” que se tramitan en el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). “De manera recurrente aparecen nuevos petitorios”, comenta.
Pistas y laboratorios para el narcotráfico
Los sobrevuelos han permitido observar la cercanía entre los cultivos ilícitos y las dragas dedicadas a la extracción de oro. Pero no solo eso. En algunas zonas donde se visualizaron grandes parches de bosque con cultivos ilícitos de coca se logró también observar campamentos y laboratorios clandestinos para la elaboración de droga.
Varios campamentos de cerca de las zonas de cultivos ilícitos de coca se lograron observar durante los vuelos. En el tercer sobrevuelo hubo una mayor cantidad de zonas con cultivos de coca en todo el recorrido. Ese día, por lo menos dos laboratorios de droga se visualizaron desde el aire.
Lo que se puede ver desde el avión son pequeños espacios abiertos en el bosque, a poca distancia de las plantaciones de coca, con dos o tres estructuras precarias con techos a dos aguas. Junto a ellas se distinguían los plásticos azules usados en los campamentos que se instalan en medio del bosque.
Si bien en varios puntos de los tres recorridos fue posible ver plantaciones de coca, hubo zonas con grandes extensiones en las inmediaciones del río Callería, cerca del Parque Nacional Sierra del Divisor y del Área de Conservación Regional Imiria, en los sectores cercanos a los ríos Tamaya y Abujao y varios sectores a lo largo de la carretera que se está construyendo entre Nueva Italia-Puerto Breu.
En una de las zonas de esta nueva vía se distinguía claramente cómo se había acondicionado un segmento de la carretera como pista de aterrizaje clandestina. También fue posible ver una zona con extensiones de cultivo de coca y un campamento posiblemente dedicado a la elaboración de droga a poca distancia de esta nueva carretera. En total fueron tres las pistas de aterrizaje clandestinas que se lograron registrar entre el segundo y tercer día de los vuelos.
Por momentos, durante estos tres días, era esperanzador ver los bosques tupidos en lugares como el Área de Conservación Regional Imiria, con sus zonas inundables y una gran laguna. O divisar a lo lejos las montañas del Parque Nacional Sierra del Divisor.
Pero minutos después, pasando esas zonas que aún no han sido devastadas, volvían a verse los parches abiertos en el bosque con cultivos de coca, pistas clandestinas, campamentos cocaleros o mineros, o lugares con pozas abandonadas por la minería ilegal.
Andrea Buitrago, directora ejecutiva de FCDS Perú, habla sobre la cercanía, cada vez más frecuente, de la actividad minera con la actividad cocalera. “Abujao es un ejemplo de la convergencia de economías ilegales, concentración de actividades mineras, cocaleras, logísticas, todas muy cercanas”.
Buitrago suma otro elemento: las vías o trochas que se abren en la selva. “Esas vías que pueden ser caminos forestales o carreteras de salida o entrada de productos legales, facilitan el acceso y la movilidad de todo esto”. Cita como ejemplo el ingreso de las maquinarias para la actividad minera que justamente tienen acceso por estas vías.
La directora de FCDS Perú también señala que “se tiene información sobre la presencia de muchos campamentos en las zonas de cultivo de coca. Las pozas de maceración son evidentes y ni siquiera hay una intención de ocultarlo ni de alejarse mucho del río. Y las pistas clandestinas, en pleno funcionamiento”.
“La Amazonía sigue en emergencia, creo que esto es algo que no va a parar. Tenemos que minimizar los riesgos o perder la vida”, dice el apu Jamer López, presidente de ORAU.
López lamenta que “a pesar de muchas denuncias, informes, diagnósticos y publicaciones periodísticas con investigaciones, con datos fuertes, el Estado no reacciona”. El líder indígena señala que “los principales afectados son las comunidades indígenas que están ubicadas alrededor” de estas zonas afectadas.
“Estamos encerrados por la presencia de la minería o el narcotráfico. Las comunidades lo que hacen primero es pedir que se respete nuestro territorio, pero también hay temor y no se dice nada porque hay amenazas fuertes”, agrega el líder indígena. “Una cosa es hacer una denuncia pública donde por lo menos hay policía, pero imagínate una comunidad ubicada a tres o cinco días de la ciudad, donde no hay ningún policía que nos resguarde, entonces simplemente lo que se hace es callarnos. No es cobardía, sino una estrategia de seguir con vida”.
Pese a todo, López asegura que desde las organizaciones indígenas se están implementando estrategias de autoprotección, mecanismos de supervivencia y un monitoreo con data actualizada. “Recibimos información por parte de las comunidades, de los comités de control y vigilancia, de las guardias indígenas, de las mismas autoridades, de los líderes. Pero lo que vemos es que la reacción del Estado es prácticamente nula”.
El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.
Fuente: elcomercio.pe