Durante los interrogatorios a los ocho miembros de la patrulla acusados de disparar a matar a cinco civiles que circulaban en una camioneta en Colcabamba, Huancavelica, todos se negaron a contestar, acogiéndose al silencio con el evidente propósito de entorpecer la investigación fiscal sobre el crimen del 25 de abril.
Pero durante la audiencia ante la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo, todos hicieron uso de la palabra para justificar su actuación alegando que abrieron fuego con sus fusiles en legítima defensa, una versión sin sustento porque los peritajes concluyeron que los fallecidos no contaban con armamento.
Sin embargo, el tribunal compuesto por los magistrados Walter Chipana Guillén, Roberto Meza Reyes y Julio Lagones Espinoza concedió la apelación que interpusieron los efectivos del Ejército contra el mandato judicial que dispuso doce meses de prisión preventiva para garantizar las investigaciones.
Para los jueces Chipana, Meza y Lagones, los efectivos de la patrulla que dispararon entre 60 y 90 veces contra los ocho ocupantes de la camioneta, matando a cinco e hiriendo a tres, recurriendo a fusiles de guerra de largo alcance, no representan un peligro y dispusieron que salieran de inmediato en libertad.
La decisión fue adoptada no obstante que en la misma audiencia quedó claro que los acusados ni siquiera están dispuestos a esclarecer los hechos, porque no explicaron por qué razón decidieron usar sus fusiles de asalto contra personas desarmadas.
SILENCIO Y COMPLICIDAD
Incluso el jefe de la patrulla, el capitán Luis Montenegro Pardo, llegó a decir que de él no partió la iniciativa de asesinar a los cinco civiles, de acuerdo con la resolución de la Sala de Apelaciones.
“El investigado Luis Montenegro Pardo menciona como capitán (de la patrulla), no dio la orden de disparar, todos han actuado de manera legítima”, afirmó conforme consta en la resolución judicial.
Como informó La República, el jefe inmediato superior del capitán Luis Montenegro, el mayor José Cayao Vásquez, negó haber dado luz verde a su subordinado para disparar a matar.
El mayor Cayao también manifestó que el único responsable era el capitán Montenegro porque era el jefe de la patrulla, era el oficial superior y estaban en el lugar de los hechos. Pero Montenegro, increíblemente, sostiene que no ordenó disparar.
En la audiencia fue evidente que los uniformados no aceptaban la responsabilidad del quíntuple homicidio, y que no estaban dispuestos a esclarecer lo sucedido. Pero el tribunal les dio libertad.
El segundo oficial de la patrulla, el teniente Brayan Fernández Dett, arguyó que todos los acusados han sido adecuadamente entrenados y que en todo momento han contribuido a las indagaciones del caso.
La versión del teniente Fernández contradice los reportes fiscales de que los acusados alteraron la escena del crimen, plantando casquillos de bala para aparentar que las víctimas también habían disparado.
“Menciona que todos son personal profesional que tienen estudios castrenses y se colaboró en todo momento con la investigación”, consigna la resolución del tribunal sobre lo dicho por el teniente Fernández.
Todos respondieron con la misma consigna.
LO HICIMOS POR LA PATRIA
“Los ocho militares son personas que están en constante entrenamiento, y como dice la fiscalía, somos personas entrenadas para el combate, pero nuestros conocimientos no los utilizamos para escondernos o fugarnos. Además, tenemos familia y darán la vida por el Perú”, declaró el efectivo Douglas Villacorta Saboya.
“Los ocho procesados son personal entrenado para defender a la patria, sin embargo, la fiscalía de derechos humanos considera que por nuestro alto entrenamiento podría haber peligro de fuga, lo cual es incorrecto porque tienen familia que mantener, además, se encuentran dentro de un penal donde pueden sufrir represalias”, señaló por su parte el efectivo Hedilberto Marcos Guerra.
El efectivo Andy Sánchez Ríos repitió el falso argumento de la legítima defensa: “Es lamentable lo que el Ministerio Público manifiesta acusándolos de abusar de su entrenamiento; encima, le quitan el derecho a su libertad injustamente, estando separados de su familia. Su actuación fue conforme a la legítima defensa”, expresó.
“Solicita que se haga justicia para ellos y se aplique correctamente (la ley), también son seres humanos que tienen sentimientos y familia, ninguno es delincuente”, apuntó por su lado el efectivo Américo Vásquez Rojas.
“Menciona que son profesionales y que actuaron respetando las reglas de conducta profesional, los derechos humanos, no son criminales, tienen familia”, señaló el efectivo Fernando Córdova Mariano.
DISPARAR HASTA MATAR
El efectivo Jorge Aguilar García no dio el nombre del superior que le ordenó disparar a civiles desprovistos de armas, pero expresó, según documento judicial: “Se siente indignado porque al Ejército ha dado toda su juventud desde los 18 años, tiene una esposa y estaba a punto de perder a su hijo, sin embargo, se encuentra en el penal y se presenta ante la justicia solicitando que se sepa la verdad”.
Los peritajes revelaron que los cinco civiles perdieron la vida a causa de disparos a corta distancia y que la mayoría presentaba impactos en la cabeza y en el tórax, lo que evidencia un patrón aplicado por los imputados.
El caso del colombiano Nilson Montenegro Valencia, quien conducía la camioneta 4×4, los peritajes determinaron que recibió 51 impactos de bala y que virtualmente le hicieron estallar el cráneo.
Wilder Romero Sevipaucar recibió 12 disparos cuando el vehículo se precipitó hacia un barranco, para asegurarse de que no quedaran sobrevivientes.
Los testimonios recogidos por los fiscales coinciden en que los militares siguieron disparando para que nadie quedara vivo.
DECISIÓN CONTROVERTIDA
Pero para los jueces del tribunal de apelaciones todo fue en defensa propia.
El copiloto, Cristian Vilcatoma Águila, recibió 16 balazos de fusiles de guerra.
Empero, para los jueces, los militares merecen seguir el juicio en sus cuarteles.
Otro de los pasajeros, Wilder Romero Sevipaucar, murió como resultado de 12 disparos.
Sin embargo, los jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo desestimaron la prisión preventiva contra los militares porque la fiscalía no individualizó motivada y razonadamente quiénes de los ocho investigados realizaron acciones u omisiones que les permitieron alterar de un modo u otro la escena del crimen.
Pasaron por alto los magistrados que el capitán Luis Montenegro Pardo era quien impartía las órdenes en el lugar de los hechos, y que si los siete subordinados actuaron alterando la escena del crimen, fue porque este oficial fue quien dispuso dicha acción a sabiendas de que lo que había sucedido era de su expresa responsabilidad.
Si la fiscalía no identifica a los autores de la manipulación del escenario de los asesinatos, es porque los militares nunca quisieron hablar durante los interrogatorios, protegiendo a los autores de este hecho, precisamente para afectar la investigación.
Fuente: larepublica.pe
