El primer mensaje a la nación de Keiko Fujimori Higuchi, pronunciado ayer ante el Congreso tras jurar como presidenta de la República, cumplió lo que su entorno había anticipado en los días previos: un discurso centrado en la seguridad ciudadana, la reactivación económica y las medidas frente a la amenaza del fenómeno de El Niño. No hubo, pues, sorpresas en la agenda, sino el desarrollo ordenado de las prioridades que la propia mandataria había dejado entrever desde que recibió sus credenciales como presidenta electa. Ese cumplimiento de lo anunciado es, en sí mismo, una buena noticia: hace tiempo que el país no escuchaba a un jefe del Estado hablar con la disciplina de quien parece tener una hoja de ruta y no solo una colección de buenas intenciones.
Otro rasgo que distinguió a este mensaje fue su precisión numérica. La presidenta no se limitó a los lugares comunes; ancló su diagnóstico y sus anuncios en cifras concretas –desde las pérdidas del Estado por ineficiencia estimadas por la contraloría en más de 24 mil millones de soles durante el 2023, hasta el aumento del sueldo mínimo de S/1.130 a S/1.300 o la duplicación de Pensión 65, de S/350 a S/700 bimestrales–. Se trata, además, de datos que resisten el escrutinio: ninguna de las cifras centrales del discurso amerita el calificativo de falsa o engañosa, algo que no es menor tratándose de un mensaje presidencial en el Perú, en los cuales la exageración estadística suele ser moneda corriente.
Un momento especialmente saludable del discurso fue aquel en el que, tras jurar el cargo, Fujimori Higuchi ratificó ante el país y la comunidad internacional presente su “firme compromiso con el absoluto respeto a la independencia de poderes y a las libertades individuales, en particular la libertad de expresión y la de prensa”, a las que calificó, con razón, como “la base de todo Estado de derecho en un país democrático”. En una región en la que varios mandatarios recién posesionados prefieren tantear los límites institucionales antes de comprometerse con ellos, esta declaración explícita merece ser tomada en serio y, sobre todo, exigida en los hechos durante los próximos cinco años.
También es de saludar el anuncio de crear una autoridad nacional digital y una identidad digital para cada ciudadano, con soporte de inteligencia artificial, en el marco de un proceso de desregulación que promete liberar al ciudadano y al inversionista de cargas burocráticas. Modernizar el Estado no es un capricho tecnocrático, sino una condición para que la lucha contra la ineficiencia y la corrupción tenga sustento. Lo que preocupa es lo desproporcionado entre la ambición y el detalle: el plan de infraestructura anunciado –que incluye la culminación de la línea 2 del metro de Lima, nuevas líneas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, trenes de cercanías y una decena de carreteras nacionales– es de una envergadura considerable, pero el discurso no explicó con claridad de dónde saldrán los recursos para financiarlo todo, más allá de la promesa genérica de mayor eficiencia en el gasto.
Ese mismo signo de interrogación sobrevuela el anuncio del alza del sueldo mínimo. Llama la atención que, apenas un día antes del mensaje, el hoy ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sostuviera que esta medida “siempre está en evaluación” y que no quería “hacer ningún anuncio” todavía.
Finalmente, no puede pasar inadvertido lo ocurrido minutos antes de que la mandataria iniciara su alocución: los 32 diputados y 14 senadores de Juntos por el Perú, junto con una parte de los diputados y senadores de Ahora Nación, abandonaron el hemiciclo gritando consignas, justo cuando Fujimori Higuchi ya estaba en el podio, a punto de tomar la palabra. Cuestionar y fiscalizar es un derecho legítimo de la oposición; retirarse y gritar antes de que la presidenta pronuncie una sola palabra –y pedir, de paso, la liberación de quien intentó un golpe de Estado– no lo es. Ese gesto no ayuda a la fiscalización democrática: la debilita, y expone las dudosas convicciones democráticas de quienes prefieren el plantón simbólico al debate de ideas que la propia Constitución les manda ejercer.
En suma, el primer mensaje a la nación de Keiko Fujimori es un saludable inicio. Pero un discurso, por ordenado y verificable que sea, no basta. La verdadera prueba de este quinquenio no se dará en el hemiciclo, sino en la ejecución. El Perú ha escuchado promesas solemnes en cada 28 de julio; lo que corresponde ahora es exigir, con la misma exactitud con que se anunciaron las cifras, que se cumplan.
Fuente: elcomercio.pe