El abogado de IDL, Carlos Rivera, advirtió en Arde Troya que la reciente norma —aprobada en primera votación— que permite que militares y policías sean juzgados por fueros castrenses pone en peligro la investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos cometidas en las protestas de 2022 y 2023.
Rivera señaló que el inicio del control de acusación contra jefes policiales por los hechos de enero del 2023 coincide con el proyecto de ley que busca limitar la responsabilidad penal de miembros de las fuerzas del orden.
El abogado explicó que la ley aprobada introduce reglas procesales que derivan la competencia de ciertos casos hacia jurisdicciones militares o policiales en lugar de los fueros ordinarios.
“Esta es la quinta iniciativa que toma el Congreso para excluir de responsabilidades penales a quienes han violado derechos humanos”.
Rivera afirmó que, aunque la norma no es penal, su carácter procesal hace que pueda aplicarse de forma inmediata a causas en trámite y, por ello, afectar el curso de investigaciones ya avanzadas por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
Consecuencias para los procesos y la vía interamericana
Rivera detalló que el primer caso que ha entrado en control de acusación —el relacionado con la represión en Lima— muestra avances de la Fiscalía: investigación concluida, acusación presentada y acusados identificados.
No obstante, advirtió que, si el sistema interno modifica la competencia y traslada casos a fueros cerrados, las posibilidades de una condena efectiva disminuyen. Por ello, recomendó fortalecer las vías de supervisión supranacional, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El riesgo de impunidad
Rivera describió un conjunto de iniciativas legislativas —varias ya aprobadas o en trámite— que, a su juicio, conforman un paquete destinado a disminuir responsabilidades por violaciones a derechos humanos.
Dijo que ese bloque legal, sumado a la captación de órganos de control y a la presión política, incrementa la probabilidad de que muchos casos queden sin sanción efectiva, y que la única alternativa para las víctimas sería recurrir al sistema interamericano, un proceso que puede tardar años.
Del mismo modo, el especialista valoró el trabajo de los fiscales especializados que han avanzado en investigaciones complejas. Rivera concluyó señalando que la decisión que tomen los tribunales en los próximos meses será para saber si el Estado mantiene canales de acceso a la justicia para las víctimas o si se consolida un sistema de impunidad.
Fuente: larepublica.pe
