Este viernes, el fiscal Jhoel Chamorro Makukachi sustentará ante el juez de Investigación Preparatoria de Pampas (Junín), José Matos Centeno, el requerimiento de prisión preventiva de 18 meses para los efectivos militares de la Compañía Especial de Comandos Pachacútec N.° 31 que asesinaron a cinco jóvenes en Colcabamba (Tayacaja, Huancavelica), el 25 de abril.
Según la investigación del fiscal Chamorro, los implicados dispararon a corta distancia con sus armas largas contra los pasajeros que viajaban en una camioneta, sin darles oportunidad de reaccionar, bajo la creencia de que transportaban un cargamento de 500 kilos de droga.
El fiscal imputa a los efectivos del Ejército el presunto delito de homicidio calificado.
Los acusados son el jefe de la patrulla, el capitán Luis Montenegro Pardo; el teniente Brayan Fernández Dett; y los suboficiales Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Marcos Guerra, Andy Sánchez Ríos, Jorge Aguilar García, Américo Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano. Todos son acusados por el presunto delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio.
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Con todas las armas
La acusación sustancial del fiscal Jhoel Chamorro señala que los involucrados hicieron un uso excesivo de la fuerza y no cumplieron con los protocolos previstos para evitar daños irreversibles.
En la acusación contra los militares, Chamorro sostiene que usaron sus fusiles de asalto Scar-L contra personas que no llevaban armamento.
Los militares justifican su acción con el argumento de que el vehículo transportaba droga. Hasta el momento, dicha afirmación no ha sido probada.
Los fallecidos son el chofer colombiano Nilson Montenegro Valencia (25) y los peruanos Jaime Bendezú Paraguay (28), William Núñez Soto (19), Wilder Romero Sevipaucar (32) y Cristian Vilcatoma Águila (18).
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Disparos a matar
Las necropsias señalan que los jóvenes recibieron disparos mortales en la cabeza y en el tórax, un patrón que indicaría que existió el propósito de matar a todos los pasajeros de la camioneta.
El fiscal deberá fundamentar la gravedad del presunto delito y el peligro procesal, ya sea de fuga u obstaculización de la investigación por parte de los implicados.
Los militares deberán asistir obligatoriamente a la diligencia junto con su defensa técnica. También está prevista la participación de los agraviados y sobrevivientes del hecho.
La audiencia será determinante para definir si los militares afrontan el proceso en prisión preventiva o bajo medidas menos gravosas, mientras continúan las diligencias fiscales.
Fuente: larepublica.pe
