- La influencia de Pedro Castillo en las bancadas del Congreso bicameral: La interna de Juntos por el Perú
- Los últimos viajes de los congresistas al extranjero antes de que llegue el Parlamento bicameral
Unidad de Investigación
Los dos senadores electos por la bancada de Fuerza Popular han logrado mantener lejos de su campaña electoral los procesos judiciales que afrontan por los delitos de corrupción y lavado de activos desde hace unos años por hechos atribuidos durante su gestión como gobernadores regionales.
Mira también: Fuerza Popular: Virtual diputada fujimorista por Ucayali enfrenta juicio por malversación
Es el caso de Jorge Velásquez Portocarrero, fue gobernador regional de Ucayali entre el 2007 al 2011 por el movimiento regional Integrando Ucayali, movimiento regional que él mismo creó. Si bien, Velásquez ha enfrentado varias denuncias e investigaciones por su gestión en la región, solo una de estas investigaciones ha perdurado pese a sus esfuerzos jurídicos por eludir una condena.
En octubre de 2014, casi al término de su gestión como gobernador regional de Ucayali (Gore Ucayali), la Fiscalía Anticorrupción lo denunció por direccionar y aprobar de forma irregular el alquiler de un hotel para que funcionara como una sucursal del Gore Ucayali.
De acuerdo con las pruebas reunidas en su momento por la fiscalía, el inmueble, La Suite Petita’s Inn, pertenecía a una empresa de la pareja de Lizandro Leveau Pezo, asesor externo de Velásquez cuando este era gobernador y presidente de su movimiento regional.
Velasquez señaló en su defensa que la fiscalía lo vinculó porque era la esposa de un asesor de los funcionarios del gobierno regional. Por este hecho, el exgobernador Velásquez fue condenado, a inicios de 2017, por el delito de negociación incompatible, en agravio del Gore Ucayali, a cinco años de prisión y al pago de una reparación civil de S/ 300 mil.
La Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Ucayali confirmó la sentencia en abril del 2017 y dispuso la inhabilitación del exgobernador para ejercer un cargo público. Velásquez fue recluido en el penal de Pucallpa para cumplir su pena.
Sin embargo, en diciembre de 2017, la segunda sala penal de la Corte Suprema -teniendo como ponente a César Hinostroza- admitió el recurso de casación interpuesto por la defensa de Velásquez, y ordenó un nuevo juicio con otro juez. Los supremos concluyeron que hubo un errores de de procedimiento y ordenó su libertad inmediata.
Un nuevo juez en Pucallpa condenó, en mayo de 2021, al exgobernador a cuatro años de prisión efectiva como autor del delito de negociación incompatible. Jorge Velásquez volvió nuevamente a prisión. La defensa presentó un habeas corpus, pero la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali la declaró improcedente.
Velasquez recurrió entonces al Tribunal Constitucional (TC) para interponer un recurso de agravio constitucional contra la resolución que se pronunciara por una posible vulneración de sus derechos. Con tres votos a favor y dos en contra, el TC declaró nula la sentencia del 2021, que lo condenó y nula la sentencia de segunda instancia, de 2022, que confirmó la condena.
Pero el mismo abogado de Velásquez, Francisco Atencia, aclaró que la sentencia del TC no lo absuelve, solo ha indicado que se le juzgue bajo los términos de acusación considerados. Ese tema está pendiente aún”, indicó el abogado. En una entrevista realizada durante l campaña, el entonces candidato de Fuerza Popular, negó que busca inmunidad al llegar al Senado. “Si me llaman por un proceso último que me queda, iré y enfrentaré la situación”, dijo.
El senador electo fujimorista Víctor Noriega está también sometido a una investigación preparatoria por el delito de lavado de activos que tiene como irregularidades detectadas cuando era presidente regional de San Martín, entre el 2015 y 2018.
En el 2022 fue incluido en el caso denominado “Club de los Hospitales”, por presuntos otorgamientos de adendas y direccionamiento de obras a cambio de beneficios económicos ilícitos.
Colaboradores eficaces señalaron que las constructoras que se beneficiaron con la adjudicación de obras para la construcción y mejoramiento de hospitales y centros de salud en la región San Martín. En total, los dueños de las compañías habrían pagado más de S/ 6 millones en coimas a funcionarios del Gobierno Regional de San Martín, entre 2012 y 2015. Los colaboradores habrían sindicado a Noriega como el receptor de al menos, de S/ 998 mil, pagados dentro de su primer año de gestión como gobernador.
La investigación inicial declarada compleja fue conducida por el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche, parte del ahora desactivado Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público.
A fines de 2023, los indicios que vinculaban al exgobernador fueron derivados a la Segunda Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, la cual dispuso una investigación preparatoria que sigue su curso en medio de mucha reserva.
La defensa de Víctor Noriega, Nora Torres, confirmó a El Comercio que está sometido a una investigación preparatoria. “El ha mostrado total disponibilidad para lo que se ha investigado, ha acudido a las convocatorias que le ha hecho el Ministerio Público, igualmente al Poder Judicial (…) entiende que es parte de su deber ciudadano y que él se debe a la ciudadanía, más aún como autoridad que ha sido elegida recientemente”, dijo la abogada.
Fuente: elcomercio.pe