El dictador nicaragüense Daniel Ortega aprovechó las celebraciones por el aniversario 47 de la revolución sandinista para anunciar, el último fin de semana, que “en Nicaragua no volverá a haber elecciones” en las que “partidos puestos por los yanquis (Estados Unidos) puedan tomar el poder”.
El exguerrillero izquierdista, que ejerce el poder de manera ininterrumpida desde el 2007, cerró así la puerta a los comicios programados para el año entrante, justo cuando los grupos opositores en el exilio se mostraban esperanzados en que la presión estadounidense y de otros países condujera a una transición o a elecciones libres.
Las reacciones a la aberrante decisión de Ortega no tardaron en llegar. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, declaró que el régimen orteguista “ha abandonado la democracia”, y el jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, condenó la represión de las libertades civiles y políticas y “el desmantelamiento del espacio cívico”.
Los vecinos centroamericanos también mostraron su alarma y rechazo. El gobierno de Panamá calificó la decisión de “fuerte agravio a los principios democráticos” y convocó a consultas a su embajador en Nicaragua. Guatemala y Costa Rica se sumaron igualmente a la ola de críticas.
Pero no hay duda de que la reacción que más se esperaba es la de Estados Unidos. Respecto a América Latina, la Administración Trump tiene la vista y el interés puestos tanto en Venezuela como en Cuba.
En el país sudamericano empezó este 2026 con una cinematográfica incursión militar estadounidense en Caracas que derivó en la ‘extracción’ de Nicolás Maduro y la instalación de un gobierno interino a cargo de Delcy Rodríguez. Bajo la tutela de Washington se contemplan tres fases -estabilización institucional, recuperación económica y transición democrática- en el proceso venezolano antes de que el país llanero recupere por completo su soberanía.
En cuanto a Cuba, EE.UU. viene intensificando en los últimos meses su campaña de máxima presión económica sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel que conduzca a un cambio de régimen tras casi 70 años de castrismo en la isla. A las sanciones económicas de Washington se suman el retiro total o parcial de grandes cadenas hoteleras foráneas (lo cual asfixia al turismo, una de las mayores fuentes de ingreso del país) y las notorias restricciones al petróleo extranjero.
Es en este contexto en el que cabe la interrogante sobre qué acciones tomará la Casa Blanca frente a los últimos acontecimientos en la nación centroamericana.
Fuente: elcomercio.pe