Pocas horas antes de que un sicario asesinara al presidente de la comunidad de Quipán (Canta, Lima), Santiago Guardamino Gonzáles, la noche del lunes 1 de abril del 2024, la víctima había participado en una junta en su pueblo para informar que al día siguiente, 2 de abril, suscribiría un acuerdo para que les fuera devuelto un predio de 10.000 hectáreas. El terreno fue vendido de forma fraudulenta a una empresa de recojo y disposición de desperdicios, Industrias Argüelles Servicios Generales.
Esto sería lo que motivó el crimen, según los comuneros.
Quienes ordenaron el asesinato de Guardamino no querían que el dirigente suscribiera en una notaría un compromiso para conseguir que la compañía Argüelles revirtiera judicialmente a Quipán el terreno que compró de forma ilegal.
Según el acta de la junta de la comunidad, a la que tuvo acceso La República y que tiene fecha 1 de abril del 2024, Santiago Guardamino comunicó que había llegado a un entendimiento legal con una empresa interesada en la transferencia del litigio por la recuperación del terreno y su compra.
En la que sería la última reunión con su comunidad, Guardamino reportó que al día siguiente, 2 de abril, firmaría el compromiso con Petramás, la empresa a la que el dirigente contactó con la finalidad de transferirle el proceso civil para recuperar las 10.000 hectáreas.
Quipán enfrentaba conflictos judiciales con Industrias Argüelles Servicios Generales, cuyo propietario es Aniceto Argüelles Loayza. Cuando asumió funciones como presidente de Quipán, Santiago Guardamino descubrió que su antecesor en el cargo, Abel Mosquera Ortíz, vendió a la empresa Argüelles, sin autorización de la comunidad, 10.000 hectáreas de los terrenos de Quipán por S/600.000 en el 2016.
La comunidad litigaba contra el expresidente Abel Mosquera, el dueño de la empresa Aniceto Argüelles y su gerente general, Karen Pasco Flores. Quipán acusa a los tres de haberles arrebatado ilegalmente el predio, cuyo valor estimado es de S/10 millones.
Santiago Guardamino dijo a los comuneros que estaba confiado en las acciones judiciales contra Mosquera, Argüelles y Pasco, y que el acuerdo que pensaba suscribir sería decisivo para la devolución del predio. Todos los presentes aprobaron que Guardamino suscribiera el compromiso con Petramás el 2 de abril. Pero 10 disparos de un sicario lo impidieron.
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El acuerdo paralizado
Santiago Guardamino informó que recurrió a Petramás, una empresa especializada en el recojo y disposición de residuos sólidos, para que lo ayudara a resolver el conflicto legal con Argüelles, que se negaba a devolver el terreno.
Petramás propuso lo siguiente:
-Si Quipán ganaba el proceso civil y el predio revertía a favor de la comunidad, Petramás lo compraba por S/8,5 millones.
-Si Quipán aceptaba, Petramás le entregaba un adelanto de S/2,5 millones con cheque de gerencia que estaría bajo custodia de una notaría, mientras se resolvía el proceso judicial.
-Si Quipán no recuperaba el terreno, se quedaba con los S/2,5 millones.
Todo quedó trunco con el homicidio de Guardamino. Quipán no ha conseguido la devolución del terreno usurpado, pese a que los tres principales implicados —Mosquera, Argüelles y Pasco— han sido condenados en diferentes instancias judiciales. El cheque por S/2,5 millones sigue bajo custodia y no ha sido cobrado.
Las actas obtenidas por La República confirman que quienes asesinaron a Santiago Guardamino el 1 de abril del 2024 buscaban frustrar el acuerdo que iba a firmar al día siguiente, 2 de abril.
La Cuarta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos archivó el caso por “falta de pruebas”, pero, recientemente, ante la queja de la familia de la víctima, se ha dispuesto la continuación de la investigación hasta encontrar a los criminales.
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Una muerte que tarda en resolverse
- En las ocasiones en que La República consultó con la defensa de la empresa Industrias Argüelles Servicios Generales, esta desestimó cualquier vinculación con el asesinato de Santiago Guardamino. Aniceto Argüelles Loayza señaló que responde a todos los requerimientos de la justicia y pide que se esclarezca el homicidio.
- Aniceto Argüelles ha sido sentenciado por intentar sobornar a la jueza a cargo del caso, Roxana Becerra Urbina. Ella debe resolver la devolución del predio.
- La exgerenta de Argüelles, Karen Pasco Flores, también recibió condena por su participación en la compraventa fraudulenta del terreno de Quipán.
Fuente: larepublica.pe
