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El gobierno de Donald Trump reactivó la polémica regla de carga pública, una política migratoria que podría dificultar la obtención de la Green Card para ciertos inmigrantes que utilizan programas de asistencia pública. La medida, que fue eliminada durante la administración de Joe Biden, volverá a aplicarse como parte de la estrategia de la Casa Blanca para endurecer los requisitos de inmigración legal y reforzar el principio de autosuficiencia de quienes buscan establecerse de forma permanente en Estados Unidos.
La política apareció este jueves en el Registro Federal y será publicada oficialmente el 20 de julio. De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la norma entrará en vigor el 18 de septiembre.
¿Qué es la regla de carga pública?
De acuerdo con Telemundo 52, la legislación federal ya establece que quienes solicitan la residencia permanente deben demostrar que no se convertirán en una “carga pública”, es decir, que podrán mantenerse económicamente sin depender de la asistencia gubernamental.
Sin embargo, la versión impulsada por la administración Trump amplía el alcance de ese criterio al considerar el uso de determinados programas públicos como un factor que podría perjudicar una solicitud de residencia permanente.
USCIS defendió la medida al señalar que el gobierno federal está “reafirmando el requisito de la autosuficiencia, protegiendo los recursos públicos y poniendo fin a políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses”.
Además, la agencia aseguró que, bajo la administración de Donald Trump, se restablece el principio de que los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse por sí mismos.
Programas que podrían afectar una solicitud de Green Card
| Programa o beneficio | Posible impacto |
|---|---|
| Cupones de alimentos (SNAP) | Podrían ser considerados durante la evaluación de carga pública. |
| Medicaid | Su uso podría influir en determinadas solicitudes de residencia permanente. |
| Vales de vivienda | También formarían parte de los beneficios evaluados. |
| Otros programas de asistencia pública | Podrían ser analizados como parte del criterio de autosuficiencia. |
Importante: La evaluación de carga pública no depende únicamente del uso de un beneficio. Las autoridades migratorias consideran diversos factores establecidos por la ley al analizar cada caso.
¿Quiénes podrían verse afectados?
La política está dirigida principalmente a personas que solicitan la Green Card o buscan obtener un estatus migratorio permanente en Estados Unidos.
Según la administración Trump, los solicitantes deberán demostrar que no dependerán de programas públicos y que cuentan con los recursos suficientes para mantenerse económicamente.
El regreso de esta medida ocurre mientras el gobierno intensifica su política migratoria, no solo mediante mayores controles fronterizos y deportaciones, sino también con acciones dirigidas a inmigrantes con estatus legal y familias con situación migratoria mixta.
Una política que ya generó polémica
La regla fue promovida inicialmente en 2018 y entró en vigor en febrero de 2020, durante el primer mandato de Donald Trump, como una herramienta para limitar la inmigración legal a personas consideradas económicamente autosuficientes.
Tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, la política fue revertida. Ahora, la administración republicana decidió restablecerla como parte de su agenda migratoria.
Durante su primera aplicación, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes calificaron la medida como una especie de “prueba de riqueza”, al considerar que perjudicaba a personas de bajos ingresos.
Asimismo, expertos en salud pública advirtieron que muchos inmigrantes dejaron de solicitar servicios médicos y beneficios alimentarios por temor a perjudicar sus trámites migratorios, incluso cuando ellos o sus familiares ciudadanos estadounidenses tenían derecho a recibir esa ayuda.
Diversas organizaciones no gubernamentales sostuvieron que la política provocó confusión y miedo entre las comunidades inmigrantes, reduciendo el acceso a programas esenciales por el temor de comprometer futuras solicitudes de residencia permanente.
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Fuente: elcomercio.pe