En los países donde el servicio público funciona bien, los sueldos de los funcionarios responden a algo concreto. Una carrera meritocrática con evaluaciones, ascensos por desempeño y remuneraciones que la sociedad reconoce como justas porque hay resultados que las justifican.
Estados como el alemán, el de Singapur o el chileno, tienen burocracias que atraen talento precisamente porque el Estado ofrece estabilidad y una remuneración que compite con el sector privado en condiciones transparentes. En el Perú la cosa, muy a pesar de los peruanos, es distinta.
Aquí el servicio público mejor remunerado no es necesariamente el más eficiente ni el más meritocrático. A veces es simplemente el que tiene más poder para fijarse sus propios beneficios sin que nadie se lo impida.
Un reportaje reveló que en cinco años, el gasto en planillas del Parlamento pasó de S/402 millones en 2021 a S/906 millones en 2025. Un incremento del 125% que duplica el presupuesto de personal sin que la institución haya explicado públicamente los criterios que lo justifican. Todo esto mientras aprobaba leyes procrimen y firmaba convenios con el fuero militar.
La trayectoria de esto merece leerse con atención. El convenio colectivo que disparó estos beneficios fue suscrito durante la gestión del ahora senador electo fujimorista Fernando Rospigliosi como presidente del Congreso y abarca el periodo 2026-2027.
El mismo parlamentario que presidió las leyes más cuestionadas de la legislatura saliente también firmó el acuerdo que el nuevo Congreso bicameral ya heredó.
Con 190 congresistas en lugar de 130 y siete asesores de confianza por cada uno, el costo del nuevo Parlamento puede superar con creces los S/906 millones del año pasado. El primer acto de responsabilidad fiscal del nuevo Congreso debería ser revisar ese convenio. Lo mínimo que le debe al país que, al final de cuentas, lo paga.
Fuente: larepublica.pe
