Hay una costumbre instalada en la política peruana que conviene resistir: juzgar a un gobierno por sus ministros. El gobierno real no vive a ese nivel. Vive en los viceministros, en los directores generales, en los jefes de unidades ejecutoras, en los funcionarios de segundo y tercer nivel que administran presupuestos, firman contratos y toman las decisiones que afectan la vida cotidiana de los peruanos. Esos nombres son exactamente los que determinan si un gobierno cumple o no sus promesas, si es que cuentan con el profesionalismo en gestión pública para lograrlo.
Sin una burocracia fortalecida, los ministerios se copan con operadores que sirven intereses partidarios antes que al ciudadano, y el Ministerio de Salud es el ejemplo más documentado de ese fracaso: llegó a la pandemia en condiciones de abandono estructural y el Perú registró 6,230 muertes por cada millón de habitantes, la tasa más alta del mundo en ese período.
El gabinete de Keiko Fujimori combina perfiles técnicos con figuras de trayectoria política. Elmer Cuba en el MEF genera consenso sobre estabilidad macroeconómica. Ernesto Álvarez Miranda, que ya fue premier de Jerí y los primeros días de Balcázar, regresa como ministro de Justicia, lo que confirma el continuismo. Lo que ninguno de esos perfiles garantiza es la calidad de la gestión pública en los niveles donde esa gestión ocurre de verdad, porque esa calidad depende de quién ocupa los cientos de cargos medios que el nuevo gobierno nombrará en las próximas semanas, y puede ser peor.
El Perú tiene un sistema de servicio civil, SERVIR, que desde 2013 intenta construir una carrera pública basada en el mérito. Más de una década después, apenas 1,800 empleados públicos, el 0.1% del total, están adscritos al nuevo régimen. Al respecto, vale recordar que en mayo de 2024, la Comisión de Trabajo del Congreso, con el respaldo del bloque de mayoría fujimorista, aprobó un dictamen para derogar esa ley. El economista Jorge Toyama lo calificó de un retroceso de al menos diez años en el intento de profesionalizar la función pública. El propio Julio Velarde, presidente del BCR, advirtió que derogarla no era la solución.
Los diputados tienen ahora la responsabilidad constitucional de fiscalizar que los cargos medios de cada ministerio se cubran con criterios de mérito y no de cuota partidaria. Y sobre ello vale anotar que dicha fiscalización al Ejecutivo no debe significar entorpecer la gestión sino exigir rendición de cuentas. El Perú ya vivió lo que ocurre cuando esa fiscalización se convierte en arbitrariedad. Los peruanos recuerdan con desdicha cómo el fujimorismo usó el Congreso para sacar a Jaime Saavedra del Ministerio de Educación, uno de los gestores más sólidos de la última década, interpelándolo por razones ideológicas cuando los indicadores educativos mejoraban. Fiscalizar con rigor sin caer en esa arbitrariedad es exactamente la diferencia que la oposición democrática debe demostrar, con algo que esta casa editorial defiende: la visión de Estado.
Fuente: larepublica.pe
