Cuando pensamos en impuestos, solemos imaginar aquellos creados por ley para financiar los servicios públicos. Sin embargo, existe otro costo que no figura en ninguna norma tributaria, pero que miles de emprendedores pagan todos los días: el de los trámites innecesarios, requisitos excesivos y demoras administrativas. Es lo que puede describirse como un “impuesto invisible”, porque, aunque no constituye un tributo, termina gravando la actividad económica mediante costos que podrían evitarse.
Las microempresas y pequeñas empresas (mypes), motor de la economía peruana, son las más afectadas. Cada exigencia sin sustento legal o carente de razonabilidad representa tiempo perdido, mayores costos y oportunidades que dejan de concretarse. Para un pequeño negocio, esto puede marcar la diferencia entre crecer o desaparecer.
En la literatura sobre política regulatoria, este fenómeno se asocia con el concepto de impuesto regulatorio, referido a los costos ocultos que una regulación puede imponer cuando genera cargas administrativas desproporcionadas o innecesarias, sin producir beneficios para la sociedad. En el Perú, esta idea cobra especial relevancia cuando tales exigencias terminan afectando la productividad, la formalización y la competitividad.
La reciente evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la política regulatoria peruana recuerda una premisa fundamental: una buena regulación no consiste en producir más normas, sino en que estas sean mejores; es decir, reglas necesarias, proporcionales, sustentadas en evidencia y evaluadas por sus resultados. Ese es el estándar de las economías más competitivas.
En este contexto adquiere especial importancia el Sistema de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi. Su función no es regular sectores económicos ni sustituir a los organismos reguladores. Mientras estos organismos establecen y supervisan las reglas de sus respectivos sectores, el Indecopi verifica que cualquier entidad pública, incluidos los propios reguladores, cuando corresponda, actúe dentro del marco legal y no imponga exigencias que restrinjan injustificadamente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado.
Los resultados evidencian el impacto de este mecanismo. Solo durante el primer semestre del 2026 se eliminaron voluntariamente más de 3.500 barreras burocráticas y cientos adicionales fueron declaradas inaplicables mediante procedimientos administrativos. Detrás de cada una de ellas hay un trámite menos, un costo evitado y mayores oportunidades para que un emprendedor invierta, produzca y genere empleo.
Indecopi también tiene un trabajo intenso en el interior del país. Por ejemplo, en Arequipa se identificó que una municipalidad obstaculizaba la tramitación de una licencia de funcionamiento para restaurante, desconociendo el derecho del emprendedor al silencio administrativo positivo (Resolución N° 0008-2026/CEB-INDECOPI-AQP
En Huancayo se identificó la prohibición del giro “salón de recepciones”, que no había sido debidamente publicada, afectando el derecho de los ciudadanos a conocer una disposición de manera previa a su imposición, por ello fue declarada ilegal (Resolución N° 0043-2026/CEB-INDECOPI-JUN). Estas decisiones ayudan a que las empresas trabajen con menos trabas, con reglas claras y menores costos de cumplimiento.
Sin embargo, el reto no es solo eliminar las barreras existentes, sino también impedir que vuelvan a surgir. Ello exige fortalecer la calidad regulatoria desde el diseño de las normas, consolidar el análisis de impacto regulatorio, mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y promover una cultura permanente de simplificación administrativa.
Anular este impuesto invisible no significa debilitar al Estado ni eliminar regulaciones necesarias. Significa ejercer la función pública con mayor eficiencia, asegurando que las normas protejan el interés general sin convertirse en obstáculos para quienes emprenden, invierten y generan empleo.
En un país que busca elevar su competitividad y adoptar los estándares de la OCDE, eliminar barreras burocráticas va mucho más allá de simplificar trámites. Significa crear condiciones para el crecimiento económico, fortalecer la libre iniciativa privada, incentivar la inversión y generar mayores oportunidades de inclusión económica
Fuente: elcomercio.pe