Hace unos meses reflexionaba sobre esto en este espacio: el Congreso de la República se había transformado en un Leviatán, un parlamento de facto, voraz y tóxico, dedicado a amputar las facultades del Poder Ejecutivo e incluso a vacar o presentar mociones de vacancia hasta por deporte para anular al representante del Ejecutivo de turno. En la práctica, nos convertimos en un régimen parlamentarista.
Mediante un frenesí de contrarreformas, el fujimorismo y sus aliados (recordemos que el cerronismo aportó buena parte de los votos en esa alianza contranatural, a cambio de una tajada en la Mesa Directiva y de leyes para torpedear los procesos fiscales, y terminó firmando normas que alteraron la balanza de poderes) rompieron el equilibrio constitucional, reduciendo a su mínima expresión la cuestión de confianza y tratando al Ejecutivo casi como a una mesa de partes. Lo que nunca calcularon en la Plaza Bolívar es que el monstruo que procrearon está a punto de darle la bienvenida a uno de sus padres.
Este 28 de julio, cuando Keiko Fujimori reciba la banda presidencial, se abrirá una de las grandes ironías de nuestra historia política. Llegará al poder, sí, pero a un poder devaluado. Si no actúa con cautela extrema y prudencia, Fujimori terminará atrapada en la misma jaula institucional que su partido y sus aliados diseñaron desde 2016 para maniatar a sus adversarios políticos.
La paradoja se estrena en simultáneo con el nuevo Congreso bicameral, un sistema con la precisión de una guillotina. Al haber desarmado el "escudo nuclear" de la cuestión de confianza frente a leyes o reformas, convirtiéndola en un mecanismo casi impracticable, la mandataria ingresará a Palacio despojada de las armas políticas de respuesta de una presidencia que ella misma neutralizó a favor del Congreso. El procedimiento de ataque parlamentario ha quedado institucionalizado: la nueva Cámara de Diputados ostenta el monopolio de la interpelación y la censura ministerial. Podrán devorarse a sus ministros uno a uno, mediante un goteo constante, sin que la presidenta pueda amenazar con la disolución de las dos cámaras, porque las reformas de su propio partido le quitaron esa prerrogativa. Con solo 66 votos, las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados pueden decapitar a cualquier ministro individual o al gabinete entero.
Además, en este parlamentarismo de facto, el veto presidencial es una cortesía nominal. El rodillo de la insistencia legislativa pasará por encima de Palacio cada vez que las bancadas mercantilistas decidan imponer leyes con nombre propio o perforar la caja fiscal. Repito: si no hila fino, Fujimori no podrá oponer resistencia real. No la vacarán fácilmente —el laberinto procedimental y de votos entre Diputados y Senado hace que la destitución por incapacidad moral sea hoy un camino largo—, pero la podrían condenar a algo aún peor: una agonía de baja intensidad, donde cada ley y cada ministro tendrán que ser canjeados por prebendas.
Gobernar el Perú a partir de agosto significará someterse al chantaje de dos cámaras que ya aprendieron que el Ejecutivo es un rehén perpetuo de sus votos. Se legisló con el hígado y con un cálculo miope, asumiendo que el poder real siempre residiría en el Parlamento.
Fuente: larepublica.pe
