Hace cinco años, en medio de una pandemia, elegimos un Congreso conformado por 10 partidos. No lo sabíamos, pero sería el último parlamento unicameral de 130 miembros que escogeríamos. A la izquierda, Perú Libre con 37 curules y JPP con cinco le daban 42 votos a Pedro Castillo para negociar y salvarlo de la vacancia, pero para nada más. Sobrevivió 16 meses y reclutó “niños” en AP. Fuerza Popular llegó con 24 escaños; APP, con 16; Acción Popular, con 15; Renovación Popular, con 13; Avanza País, con siete; Somos Perú, con cinco; Podemos Perú, con cinco; y el Partido Morado, con tres. El juego de las sillas fue intenso desde el inicio. De esa conformación inicial, solo quedan sombras.
¿Con qué esperanza comenzaron sus labores? Ofrecieron reformas políticas y justicia como temas centrales. Todo lo que no se pudo hacer en el quinquenio anterior, y que nos había condenado a cuatro presidentes en un lustro, tenía que enmendarse. Justicia para los asesinados en las protestas contra Manuel Merino; justicia para los tremendos casos de corrupción en el Ministerio Público. Por supuesto, la catastrófica situación de la salud pública, que se encontró con una pandemia de COVID que mató a más de 200.000 peruanos, iba a generar un cambio profundo y estructural para nunca más estar tan mal atendidos.
Cinco años después, no queda ni la memoria de esas esperanzas. Otra vez, tuvimos cuatro presidentes en un quinquenio (se inventó una revocatoria del mandato presidencial sin más motivo que los votos suficientes) y se destruyó lo poco que quedaba de la reforma política (se eliminaron las PASO, el sistema realista de inscripción de partidos y el referéndum; se impuso una bicameralidad por el mero deseo de reelección prohibida; y, lo peor de todo, se abolió de facto la cuestión de confianza). En resumen, el Congreso consolidó una estructura de gobierno parlamentario que jamás existió en nuestra historia republicana y convirtió la figura del presidente de la República en un objeto de decoración, sometido a la mayoría parlamentaria.
Para lograr su cometido se necesitaban 87 votos para elegir al TC. Ahí nació el Fujicerronismo, el pacto de facto o el gobierno de las cuatro familias. Como lo quieran llamar, es real. La alianza parlamentaria incluyó a todos, menos a JPP y a pocos no agrupados. Desde el Tribunal Constitucional, la Defensoría y la Contraloría han dominado todo. Con esa plataforma validaron leyes aberrantes por inconstitucionales (desde la eliminación por ley de la cuestión de confianza hasta los viajes presidenciales de “despacho remoto”, pasando por la iniciativa de gasto parlamentaria) en un TC a la medida de sus deseos. Controlaron esos poderes, se abalanzaron sobre una honorable JNJ y no pararon hasta conseguir una a su medida para “barrer” (Rospigliosi dixit) todo el sistema de justicia. De la separación de poderes, de los contrapesos constitucionales, no nos dejaron ni el recuerdo.
Sobre esta demolición institucional, este Congreso ha construido el reino del servicio del interés particular. ¿De dónde salen todas las leyes procrimen? De la Comisión de Justicia, presidida por Perú Libre, a cuyo líder prófugo le caen muy bien. Y vaya que no es el único. La ley de prescripción rápida fue bautizada como Ley Soto, porque el expresidente del Congreso fue de los primeros en beneficiarse de ella. Desaparecer la recuperación del botín del delincuente, reducir la colaboración eficaz, restringir el tipo penal de criminalidad organizada a ciertos delitos y no a otros (tráfico de influencias, por ejemplo) beneficia a delincuentes, mientras los asesinatos se disparan. Encargo especial de Fernando Rospigliosi es conseguir impunidad para crímenes de lesa humanidad. Para los militares y policías que violaron derechos fundamentales antes del 2002, amnistía total. ¿Para los demás? El fuero militar y todos se salvan. Por supuesto, hay delitos muy apañados en este Congreso. Por ejemplo, la minería ilegal no solo no se toca, se promueve. Ahí están las sucesivas prórrogas del Reinfo para mostrarlo.
Pero no bastó con eso. Bajo el lema: “plata, hay”, han hecho un festival de gasto público que, para mi generación, los sobrevivientes del primer gobierno de Alan García, es aterrador. Las reiteradas advertencias del Consejo Fiscal y del presidente del BCR no han servido de nada. El rol del ministro de Economía y Finanzas es menor que el de un encargado de mesa de partes. El Congreso no para de gastar ni de exonerar tributos. Para ponerlo en números del Consejo Fiscal: son 109.000 millones de soles en gasto por leyes aprobadas. Enfrentamos el mayor déficit fiscal en 25 años. Se desglosa así: entre el 2021 y el 2026 son 268 leyes (hasta abril) con impacto fiscal adverso. Esto genera compromisos permanentes por 36.700 millones anuales (3% del PBI) y un costo fiscal total de 109.600 millones, equivalente al 9,1% del PBI. Eso es mucho más que el presupuesto anual de salud o educación. ¿Por qué ha sucedido este desastre? Porque el Congreso consiguió una autorización del TC para tener iniciativa de gasto y, desde ahí, no ha parado con la repartija. Creen que, repartiendo bonos, gratificaciones, pensiones, CTS y demás, van a comprometer el voto de millones de empleados públicos a su favor. Pues les fue pésimo con la idea en estas elecciones y le dejaron al futuro una deuda inmensa. Como despedida, el Congreso busca aprobar el crédito suplementario más alto de la historia del Perú. Casi 10.000 millones de soles donde hay plata como cancha, menos para la Beca Bicentenario. Hasta la Contraloría ha lanzado esta vez todas las advertencias y alertas posibles.
En materia de fiscalización, este Congreso ha aplicado el viejo aforismo “para los amigos todo, para los enemigos, la ley”. Un desfile de funcionarios “amigos” ha pasado invicto por la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Presidentes amigos son Merino y Boluarte; presidentes enemigos son Humala y Vizcarra. Fiscales amigos son Gálvez, Chávarry y Benavides; fiscales enemigos son Espinosa o Ávalos. Todo depende de quién eres en la agenda del pacto.
Hay que añadir el ensalzamiento de la frivolidad. Cientos de iniciativas para declarar de interés nacional cualquier cosa o el “día de” lo que sea. Decenas de universidades públicas creadas sin presupuesto (mientras se cargaron a la Sunedu y, con ella, la esperanza de tener calidad universitaria y no una estafa), bonos, semanas de “representación” para vacacionar, sesiones remotas y toda clase de gollerías insufribles. El 5% de aprobación popular se lo han ganado a pulso.
De los 10 partidos que pasaron la valla el 2021, siete fueron duramente castigados por el pueblo. Esperemos que los tres que quedan y los tres que llegan saquen alguna lección de estos cinco años. No queremos más de lo mismo, por si no les quedó claro el 12 de abril pasado.
Fuente: larepublica.pe
