Fernando Rospigliosi presentó una denuncia formal ante la Junta Nacional de Justicia contra la fiscal Rosario Quico Palomino. El presidente del Congreso pide su destitución por el caso del general en retiro Juan Rivero Lazo, procesado por hechos vinculados a violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.
La fiscal encabeza la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional especializada en Derechos Humanos. Rospigliosi la acusa de no aplicar la Ley 32107, norma que él mismo impulsó en el Congreso y que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad.
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En el documento, el presidente del Congreso sostiene que Quico transgredió el principio de legalidad penal. Asegura también que la fiscal desacató disposiciones del Tribunal Constitucional. El texto agrega que el dictamen acusatorio contra Rivero Lazo carece de motivación jurídica suficiente. Con esos argumentos, pide que se le aplique la sanción máxima prevista en el artículo 154 de la Constitución.
Rivero Lazo fue condenado por el caso Barrios Altos y cumplió parte de una sentencia de entre 15 y 20 años de prisión. El TC ordenó su liberación tras considerar que hubo exceso de carcelería. Meses después, la expresidenta Dina Boluarte lo recibió en Palacio de Gobierno. Ahí promulgó otra norma, la Ley 32419, que otorga amnistía a militares, policías y rondas campesinas procesados por el conflicto armado.
Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas del conflicto armado interno cuestionan ambas leyes desde su aprobación. Las califican como normas de impunidad para responsables de graves violaciones ocurridas entre 1980 y 2000. Más de cien procesados por casos similares ya pidieron acogerse a estos beneficios. Hasta setiembre, más de la mitad de esas solicitudes fueron rechazadas por el sistema judicial.
Rospigliosi acumula denuncias contra jueces que aplican control difuso
El caso de la fiscal Quico no es un hecho aislado. Rospigliosi ya denunció antes a otros dos jueces por el mismo motivo: usar el control difuso para no aplicar la Ley 32107 en procesos contra militares y policías.
El primero fue Richard Concepción Carhuancho, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Rospigliosi pidió su destitución en agosto de 2025. El magistrado había declarado inaplicable la ley en el caso de un coronel en retiro procesado por el homicidio de siete personas en Ayacucho, en 1984. La JNJ abrió proceso disciplinario y lo suspendió por seis meses en junio de 2026.
El segundo fue Jorge Chávez Tamariz, juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Rospigliosi lo denunció junto al congresista Jorge Montoya en marzo de 2026. El magistrado había inaplicado la ley en un proceso contra expolicías por un caso de 1983. La JNJ notificó el inicio de la investigación disciplinaria el 20 de mayo. Un voto en discordia dentro de la propia JNJ pidió antes revisar si existían ya actuaciones disciplinarias sobre los mismos hechos.
En ambos casos, los jueces sustentaron su decisión en tratados internacionales de derechos humanos. Sostuvieron que la Ley 32107 contraviene la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Rospigliosi respondió calificándolos de "politizados" y "prevaricadores" en sus redes sociales.
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Presión directa sobre jueces antes de sus fallos
Rospigliosi no espera siempre a una resolución para actuar. En enero de 2026 se conectó como público a la audiencia virtual del caso Cayara, donde tres jueces de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria debían decidir si aplicaban la ley a militares acusados de matar a más de 30 comuneros en Ayacucho, en 1988.
Antes de la audiencia, advirtió en redes que los magistrados tenían "pésimos antecedentes" y que, si no acataban la norma, "deberían ser detenidos allí mismo, en flagrancia, y enviados a prisión". Los jueces Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata rechazaron finalmente el pedido de prescripción. Rospigliosi los llamó "politizados y prevaricadores" y pidió "barrer" el sistema judicial.
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La Corte Suprema respondió con un comunicado público. Rechazó cualquier intento de condicionar decisiones judiciales o de usar el poder político para presionar a los magistrados. Advirtió que ese tipo de interferencia destruye el sistema de justicia y perjudica directamente a la ciudadanía.
Familiares de las víctimas de Cayara denunciaron penalmente a Rospigliosi por presión indebida contra los jueces. El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, archivó esa denuncia el 24 de febrero de 2026, poco más de un mes después de presentada.
Un patrón que se repite antes cada fallo pendiente
Rospigliosi también denunció ante la JNJ a la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño, aunque por un motivo distinto: había dejado sin efecto artículos de la Ley APCI, conocida como ley anti-ONG. La acusó de "desacatar" una norma aprobada por el Congreso.
El patrón se repite en cada caso: un juez o fiscal aplica estándares internacionales de derechos humanos, Rospigliosi lo acusa de prevaricato en público, y después presenta una denuncia formal ante la JNJ pidiendo su destitución. En paralelo, en marzo de 2026 presentó un proyecto de ley para tipificar los delitos de lesa humanidad recién a partir de este año, lo que especialistas consultados por este diario calificaron como un intento adicional de dejar sin efecto los procesos en curso.
Fuente: larepublica.pe
