En el nuevo Congreso bicameral se instalará una oposición que se encuentra en mejores condiciones que en 1992 y 1995 para hacer frente al autoritarismo. Si, bajo cualquier pretexto, esa oposición renuncia a su deber de constituir un acuerdo democrático, sería una alevosa deslealtad con quienes votaron por candidaturas que reclamaron ser notoriamente distintas de las que representan la continuidad del régimen que gobierna en los últimos años, reelegido el 7 de junio.
Un acuerdo democrático parlamentario es más que una alianza para conducir las mesas directivas en Diputados y Senadores o para repartirse las comisiones. Es un compromiso, una ruta y una agenda que permitirían iniciar la recuperación del equilibrio de poderes y la vigencia de las reglas de juego, donde las formas no traicionen el fondo. Es, al mismo tiempo, una irrepetible oportunidad para reformar la actividad parlamentaria, extraviada en los últimos 10 años.
Tres tendencias que se echan a andar en los últimos días contradicen, de modo suelto, la posibilidad de ese acuerdo. La más visible, el minimalismo formal, se satisface con que el poder deje de ser radical en la palabra. Se empeñan en ofrecer, desde la independencia, sugerencias novedosas y bien intencionadas a los ganadores de la segunda vuelta, con énfasis en gestos y concesiones; es decir, en hacerse potables. En el paquete de sugerencias, no obstante, no se encuentran menciones a compromisos sobre la captura del Estado, la legislación autoritaria de los últimos años y las prácticas silenciadoras contra quienes el poder considera adversarios por destruir.
La otra tendencia es la trampa de la bisagra. Parte de un rayado de cancha que arguye que lo fundamental es la identidad del mapa parlamentario y la preservación de su origen electoral, a despecho del contexto surgido en la segunda vuelta y luego de ella: dos grupos de derecha, dos de izquierda y dos de centro, de modo que la clave de la gobernabilidad reside en el arbitraje, el balanceo (que no es lo mismo que balance) y la administración del futuro caso por caso, ley por ley, crisis por crisis.
El centro es un espacio sugerente y útil en un régimen de libertades, por lo que el concepto completo es “centro democrático”; es decir, un proyecto moderador en un régimen tensionado por los extremos. Es más, uno de los resultados positivos de las recientes elecciones es la reposición del espacio centrista abandonado por partidos antes democráticos al ser domesticados por la derecha radical, razón por la cual todos los grupos del antiguo centrismo perdieron su inscripción electoral.
El nuevo centro no puede ser objeto de una nueva domesticación. No es viable pretender esa ubicación frente a un poder autoritario que, además, posee el control de casi todas las instituciones. Por lo mismo, centro democrático no es sinónimo de centro arbitral o arbitrario.
La idea de un centro arbitral obedece a una certeza incompleta: que Fujimori puede liderar un gobierno que parta de cero, que sea democrático y que desarme el entramado de la República Obscena, tres variables que carecen de señales. El mismo partido ganador de las elecciones hace inútil la existencia de un grupo bisagra en el Congreso. La campaña electoral y las recientes expresiones de sus voceros indican que Fuerza Popular no gobernará partiendo de cero –“vuelve Fujimori”, “vuelve el orden” y “Fujimori gobernará como gobernó Fujimori”–, sino que será doblemente continuista, del régimen 1992-2000 y del 2003-2026.
La política parlamentaria arbitral/arbitraria puede obedecer a una urgencia pragmática, con los ojos puestos en el mediano plazo —como que la falta de gobernabilidad lleve a una implosión del poder que derive en elecciones adelantadas—, aunque su principal error consiste en ignorar la path dependence, la dependencia de la trayectoria, y la fortaleza del establishment que sustenta desde ahora mismo a la nueva administración.
La tercera tendencia es un tanto más elaborada y parece ser asumida por los grandes medios de comunicación y el establishment político y económico. En realidad, es una operación consistente. Argumenta que el imperativo de orden y progreso demanda que el partido de gobierno comparta la dirección del Congreso, de modo que se evite una oposición rígida como la que tuvieron PPK, Vizcarra, Sagasti y Castillo. En buena cuenta, se busca un poder bastante parecido al modelo Congreso/Boluarte 2023-2025, un pacto parlamentario 2.0 con el añadido de que, en este caso, el Ejecutivo tiene las bancadas más numerosas en las cámaras del Legislativo. En resumen, un futuro repartido, pero no compartido.
Un pacto 2.0 necesita una base más amplia fuera de las instituciones, a tono con la disposición del liderazgo empresarial de participar directamente en la gestión del gobierno. Varios artículos y declaraciones de los últimos días reportan que es probable que los llamados sectores productivos y su periferia —MEF, Produce, Midagri, Energía y Minas, Mincetur, Trabajo, Vivienda y Transportes— tengan ministros provenientes de las altas responsabilidades empresariales, sean operadores políticos del poder económico o ejecutivos que luego retornen a sus actividades de origen a través de las puertas giratorias.
Las tres tendencias —el minimalismo formal, la trampa de la bisagra y el pacto 2.0 con participación del poder económico— concluirán en la formación de un gobierno que ignore el resultado electoral. Las tres comparten el mismo sentido común que parte de la premisa falsa de que en el Perú existe un régimen democrático y que el 7 de junio ganó una opción que gobernará democráticamente.
No es un error o razonamiento equívoco inconsciente. Es una estrategia de poder que, si se concreta, logrará un resultado inverso. Un Congreso cómplice del Ejecutivo perderá más rápidamente su legitimidad y será objeto de rechazo temprano en los territorios. No ocurriría solo con la Cámara de Diputados, descentralizada por su esencia, sino también con la Cámara de Senadores. De los 60 senadores electos, 24 obtuvieron votaciones territoriales, en tanto que otros 20 fueron elegidos con votos mayoritariamente obtenidos fuera de Lima.
La formación de un gobierno tecnofujimorista también ocasionará tensiones en el sector conservador del Parlamento. Renovación Popular será un aliado díscolo y quisquilloso —el narcisismo de las pequeñas diferencias— que ahora mismo mantiene discrepancias con los grupos económicos que siente que lo perjudicaron en las elecciones.
El nuevo mapa político trasciende el resultado electoral. Como en todo sistema destruido, en las elecciones y antes de ellas irrumpieron poderes tácitos, como los territorios, o decayeron centros de poder, como Lima, fenómenos que no pueden ser ignorados. Gobernar desde Lima, a nombre de Lima y con los recursos superestructurales de Lima es una promesa de desorden, aunque la política del establishment limeño tiene un problema mayor: quiere reconstruir el régimen económico neoliberal, un estado de cosas agónico del que solo sobreviven sus demandas mercantilistas, reseñadas varias veces en los comunicados del Consejo Fiscal.
Frente a la posibilidad de prolongar el régimen híbrido a través de un gobierno oligárquico limeño, no existe otra ruta que un acuerdo democrático en sede parlamentaria que forme parte de un diálogo nacional, que emprenda la tarea de tejer nuevos contratos duraderos para las instituciones, la sociedad y el mercado, y repare la larga exclusión de las mujeres, los trabajadores y los territorios insumisos. Es volver a la política, a la mediación social y al esfuerzo por un futuro compartido.
Fuente: larepublica.pe
