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El gobierno de California decidió llevar a los tribunales a cinco gobiernos locales por no cumplir con las normas estatales de vivienda, en medio de una fuerte crisis de acceso a la casa propia y al alquiler. La administración del gobernador Gavin Newsom asegura que estas comunidades han ignorado durante años sus obligaciones de apoyar la construcción de más viviendas y ahora busca que la justicia las obligue a ponerse al día. En los siguientes párrafos te contamos de qué se trata este conflicto, qué está reclamando el estado y por qué puede afectar a familias de distintos niveles de ingresos.
LOS GOBIERNOS LOCALES DE CALIFORNIA QUE INCUMPLIERON LA LEY ESTATAL DE VIVIENDA
Según el anuncio de la oficina del gobernador Gavin Newsom y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD), los cinco gobiernos locales de California que se negaron durante años a aprobar planes de vivienda que cumplan con la ley estatal son:
- Calexico (Condado de Imperial).
- Costa Mesa (Condado de Orange).
- Half Moon Bay (Condado de San Mateo).
- Ridgecrest (Condado de Kern).
- Turlock (Condado de Stanislaus).
Los gobiernos locales mencionados en la demanda, del 16 de julio de 2026, se encuentran rezagados con al menos dos años y medio de retraso respecto al plazo de cumplimiento. “California no puede resolver la crisis de vivienda mientras algunas ciudades se quedan de brazos cruzados y nos desafían a hacer algo al respecto. Estas cinco jurisdicciones tuvieron todas las oportunidades para cumplir la ley y planificar la distribución equitativa de la vivienda. Optaron por no hacerlo, así que ahora tendrán que rendir cuentas ante los tribunales. La ley de vivienda se aplica en todo el estado y ninguna ciudad está exenta de responsabilidad”, señaló el gobernador Gavin Newsom.
¿QUÉ LEY ESTATAL DE VIVIENDA INCUMPLIERON?
El conflicto gira en torno a las leyes estatales que regulan la planificación de vivienda, en particular:
- Las normas del “housing element” (Elemento de Vivienda) que exigen a cada ciudad y condado planificar su “parte justa” de las necesidades de vivienda del estado para todos los niveles de ingreso.
- La Ley de Responsabilidad en Materia de Vivienda (Housing Accountability Act) y el marco de responsabilidad asociado a la planificación regional de vivienda (RHNA), que obligan a tener un plan de vivienda actualizado, realista y conforme a los criterios del HCD.
En concreto, estas ciudades no adoptaron a tiempo un Elemento de Vivienda actualizado y conforme a la ley, pese a múltiples advertencias y asistencia técnica del HCD, e ignoraron plazos y requerimientos para mostrar dónde y cómo se podrán construir nuevas unidades, incluyendo vivienda asequible para ingresos bajos y moderados.
¿Qué implica el incumplimiento?
Bajo la Ley de Responsabilidad en Materia de Vivienda, una jurisdicción en falta queda sujeta a la llamada “Builder’s Remedy” (Medida del Constructor): pierde gran parte de su capacidad para rechazar proyectos de vivienda para personas de bajos y medianos ingresos que cumplan ciertos requisitos, incluso si esos proyectos no encajan con la zonificación local.
Además, con el Proyecto de Ley del Senado 1037 (SB 1037, 2024), estas ciudades también pueden enfrentar sanciones civiles por incumplir la ley estatal de vivienda, dinero que se destina a construir vivienda asequible en la misma comunidad.
¿POR QUÉ PUEDE AFECTAR A FAMILIAS DE DISTINTOS NIVELES DE INGRESOS?
- Menos oferta de vivienda en general. Si las ciudades no planean ni habilitan suficientes proyectos, se construyen menos casas y departamentos de los que se necesitan. Con una oferta limitada y mucha demanda, los precios de compra y los alquileres suben para todos, no solo para los hogares de bajos ingresos.
- Presión al alza en los alquileres “intermedios”. Cuando no se crean nuevas unidades asequibles o de precio moderado, familias de ingresos medios compiten por el mismo stock de vivienda que antes ocupaban hogares de ingresos más bajos. Eso empuja a muchos inquilinos a zonas más alejadas o a vivir hacinados.
- Menos vivienda específicamente asequible. Las leyes de planificación suelen exigir a los gobiernos locales que reserven suelo y faciliten proyectos dirigidos a personas de ingresos bajos y moderados. Si una ciudad no cumple, se pierden oportunidades de construcción de viviendas subsidiadas o con renta controlada, afectando de lleno a quienes más lo necesitan.
- Impacto en la movilidad laboral. Si en una ciudad o región no hay vivienda suficiente o los precios son muy altos, trabajadores esenciales (salud, educación, servicios, comercio) no pueden vivir cerca de donde trabajan. Eso afecta tanto a quienes buscan vivienda como a las familias que dependen de esos servicios.
- Mayor desigualdad territorial. Cuando ciertos municipios bloquean vivienda nueva, especialmente asequible, concentran la escasez y la carga en otras comunidades que sí cumplen. El resultado es que algunos barrios se vuelven inaccesibles para la clase trabajadora o media, reforzando la segregación por ingreso.
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Fuente: elcomercio.pe