El pedido de facultades legislativas del Ejecutivo puede evaluarse pensando qué obstáculos concretos permitirá realmente remover. Desde el punto de vista político, priorizar la seguridad y la prevención ante El Niño responde a las principales preocupaciones ciudadanas. En ambos temas, el problema del Estado suele ser la lentitud para actuar por los malos procesos burocráticos y por la incapacidad (o desinterés) de los actores en tomar decisiones.
Cuando una norma o trámite demora la intervención policial contra la extorsión, la descolmatación de un río o la construcción de infraestructura preventiva, la respuesta puede llegar cuando el daño ya está hecho, lo que genera la frustración de la población. Acelerar procesos y, por lo tanto, resultados, determina si el servicio público cumple su propósito.
La gestión del FEN enfrenta también un problema de gobernanza territorial. La respuesta depende de regiones y municipios que no se han destacado por su capacidad de ejecución. El problema se agrava con el cambio de autoridades: las salientes tienen pocos incentivos políticos para actuar y las entrantes atraviesan una curva de aprendizaje. El Ejecutivo puede proponer mecanismos para que la participación de las autoridades subnacionales contribuya a la velocidad de ejecución, y no que la entorpezca.
Por otro lado, sería un error limitar las facultades solo a las necesidades inmediatas. El pedido podría incluir medidas para recuperar las capacidades del Estado a través de un servicio civil más robusto. Servir no ha tenido el impacto esperado, y funcionarios que puedan brindar mejores servicios es una capacidad indispensable para los retos del país, no solo en futuras emergencias, sino en las grandes falencias que no estamos logrando superar.
Además, las facultades no garantizan un buen resultado. Las facultades son útiles, pero no reemplazan la gestión ni la coordinación con la policía, fiscalías, jueces, etc. Tampoco tienen por qué convertirse en un cheque en blanco. La medida se justificará si produce resultados verificables antes de que el crimen o las lluvias vuelvan a adelantarse al Estado.
El inicio de la gestión de la presidenta Keiko Fujimori ha estado marcado por un mensaje político enfocado en dos urgencias nacionales: la emergencia derivada del fenómeno de El Niño y la severa crisis de inseguridad ciudadana. Ambas problemáticas fundamentan, en principio, la necesidad de una respuesta estatal rápida. Sin embargo, el anuncio del pedido de facultades legislativas parece incluir un componente político mayor que debe ser evaluado.
La eventual llegada de un Niño severo es un problema de gran escala que vulnera directamente a la población y la economía del país. Precisamente por su magnitud, la gestión de riesgos de desastres debe abordarse con criterio estrictamente técnico y sentido de Estado, manteniéndola al margen de la búsqueda de rentabilidad política. Utilizar la prevención de una catástrofe como argumento de presión legislativa resta legitimidad a una urgencia real. Del mismo modo, ante los efectos perniciosos de la violencia desplegada por las bandas criminales se requiere una respuesta ágil y severa, pero también debe tratarse con seriedad y carácter técnico.
En ese marco, la delegación de facultades por parte del Congreso debería circunscribirse de manera estricta a dos áreas indispensables: el fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres y la articulación de medidas concretas contra la criminalidad organizada. Fuera de esos dos ejes, cualquier adición desdibujaría el propósito central de la solicitud.
No obstante, la narrativa del Ejecutivo deja traslucir un interés más amplio por alterar el marco normativo en áreas no directamente ligadas a la emergencia. Abrir la puerta a reformas normativas de otros temas aprovechando la coyuntura resulta riesgoso e innecesario. En todo caso, estos podrían formar parte de un acuerdo político distinto entre los sectores con representación en el Parlamento.
La presidenta no debería politizar la búsqueda de facultades legislativas ni utilizarlas para expandir la agenda gubernamental hacia otros terrenos. La ciudadanía demanda soluciones concretas a la delincuencia y la prevención de desastres, no un cheque en blanco legislativo.
Fuente: elcomercio.pe