- Keiko Fujimori y el borrador del pedido de facultades: desde los penales en manos de privados a la reducción de “los feriados no laborables”
- Seguridad bajo el gobierno de Keiko Fujimori: las medidas contra el crimen organizado y los vacíos de su primer mensaje
Luego de un Mensaje a la Nación marcado por los anuncios de la nueva gestión de Keiko Fujimori para enfrentar la criminalidad, la presidenta encabezó el 29 de julio una sesión inaugural del Consejo de Ministros en la que se evaluó un proyecto con el que el Ejecutivo buscará solicitar al Congreso bicameral facultades legislativas en materia de seguridad, además de otras reformas del Estado.
Primer Consejo de Ministros🇵🇪
La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, lidera la primera sesión del Consejo de Ministros.
Iniciamos las acciones para atender las principales prioridades del país, como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Un Gobierno que… pic.twitter.com/qRy9tVwi9m
— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) July 29, 2026
El documento, de nueve páginas y cuya aprobación está prevista para la próxima sesión del Consejo de Ministros, programada para el domingo 2 de agosto, constituye un borrador legislativo que, en su capítulo sobre seguridad, plantea una reformulación integral del sistema penitenciario. Entre las medidas propuestas figura la incorporación de inversión privada en la administración, gestión, operación y prestación de servicios vinculados al Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social.
Sin embargo, la propuesta más relevante es otra. El Ejecutivo plantea trasladar, de manera temporal y excepcional, a las Fuerzas Armadas funciones vinculadas con la dirección, seguridad, control, supervisión y apoyo operativo de los establecimientos penitenciarios.
En línea con una de las principales promesas de campaña de Keiko Fujimori, el proyecto también propone perfeccionar el régimen de tratamiento, trabajo, capacitación, remuneración, alimentación y reinserción de las personas privadas de libertad. Según el texto, el objetivo es fortalecer el Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social, respetando los derechos fundamentales de los internos y garantizando condiciones adecuadas de internamiento.
Asimismo, el Ejecutivo busca obtener facultades para modificar la legislación en materia de seguridad ciudadana, defensa, régimen policial, derecho penal, derecho procesal penal y ejecución penal. El objetivo es fortalecer la prevención, investigación, persecución y sanción de la delincuencia común y el crimen organizado, así como mejorar las capacidades de coordinación, interoperabilidad y actuación de las entidades responsables de la seguridad ciudadana y el orden interno.
A inicios de 2026, durante el gobierno de José Jerí, se aprobó el Decreto Legislativo N.° 1710, mediante el cual se creó la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir). La medida se adoptó luego de que se dispusiera la disolución definitiva del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tras permanecer 24 meses bajo una declaratoria de emergencia.
La norma estableció la fusión del INPE, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres) en la Sunir, proceso que debía concretarse en un plazo de 90 días hábiles. Asimismo, el nuevo organismo público ejecutor quedó adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El decreto fue suscrito por el entonces presidente José Jerí, el exministro de Justicia y Derechos Humanos Walter Martínez y el entonces presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien actualmente se desempeña como ministro de Justicia en el gobierno de Keiko Fujimori. La Sunir es la entidad que actualmente se encuentra en proceso de implementación para asumir plenamente las funciones del sistema penitenciario.
Mientras culmina esa transición, el INPE se mantiene como la entidad encargada de administrar los establecimientos penitenciarios del país.
Según el último reporte oficial del INPE, correspondiente a mayo de este año, la población penitenciaria alcanzó los 105.939 internos, pese a que la capacidad instalada de los penales es de apenas 41.764 plazas. Como resultado, el sistema registra una sobrepoblación del 154 % y un hacinamiento del 134 %.
Las cifras evidencian un agravamiento de la crisis penitenciaria. En el mismo periodo de 2025, los establecimientos albergaban a 102.493 personas privadas de libertad, con una sobrepoblación del 145 % y un hacinamiento del 125 %.
Para el exministro del Interior y expresidente del INPE, Wilfredo Pedraza, la propuesta del Ejecutivo parte de un diagnóstico equivocado sobre la crisis penitenciaria. “Los problemas de las cárceles no tienen que ver con que los internos controlen los penales o existan fugas masivas. El verdadero problema es el déficit de infraestructura, el hacinamiento y la falta de tecnología para impedir que desde los establecimientos se sigan cometiendo delitos”, sostuvo.
Desde su experiencia al frente del sistema penitenciario, Pedraza cuestionó que las Fuerzas Armadas asuman funciones de administración y seguridad en los penales, al considerar que la medida carece de una justificación técnica. “Cuando uno mira la realidad de las cárceles se pregunta: ¿dónde entraría un militar? La verdad no encuentro dónde. Es una propuesta simbólica que no tiene ningún sustento técnico y que incluso expone el prestigio de las Fuerzas Armadas”, dijo.
El exjefe del INPE también criticó la reforma que creó la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), cuya implementación quedó suspendida. A su juicio, la iniciativa debilitaba la institucionalidad penitenciaria en lugar de fortalecerla. “Una reforma debe servir para mejorar la capacidad de gestión y la autonomía de una institución. Nada de eso ocurrió con la Sunir; por el contrario, terminó afectando la autonomía del INPE”, señaló.
Pedraza consideró que la prioridad del nuevo Gobierno debería centrarse en ampliar la infraestructura penitenciaria y no en impulsar medidas de impacto político inmediato. “No se construye un penal desde el 2015. Un gobierno que recién empieza tiene tiempo para programar nuevas cárceles, aunque tome tres años. Lo que no puede hacer es buscar la foto rápida, porque eso no resuelve una crisis que el país arrastra desde hace más de una década”, concluyó.
La propuesta no es nueva. En su plan de gobierno, Fuerza Popular ya planteaba una reforma integral del sistema penitenciario que incluía la construcción de cuatro megapenales de máxima seguridad, cuatro penales modulares con capacidad para 1.000 internos cada uno y un centro especializado para jóvenes. El documento también proponía que estos establecimientos estuvieran, de manera temporal, bajo la administración exclusiva de las Fuerzas Armadas.
La estrategia contemplaba, además, la implementación de un sistema permanente de bloqueo de señales de telefonía móvil en todos los establecimientos penitenciarios para impedir que desde las cárceles se continúen coordinando actividades delictivas. Asimismo, proponía separar a los internos según el tipo de delito mediante la ampliación de pabellones y promover las denominadas “cárceles productivas”, junto con el programa “Manos que Reparan”, mediante el cual internos de baja peligrosidad podrían redimir parte de sus condenas realizando labores de mantenimiento de infraestructura pública.
Por su parte, el coronel EP (r) y exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo, el anuncio debe entenderse como parte de una estrategia más amplia para enfrentar al crimen organizado y no como una medida aislada. “Los penales son uno de los centros de gravedad del crimen organizado, pero esta medida debe formar parte de una estrategia integral. Las acciones aisladas no son suficientes”, sostuvo.
No obstante, Liendo advirtió que el alcance de la participación militar debe ser precisado para evitar conflictos con el marco constitucional. “Cuando se habla de que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de los penales tiene que precisarse los detalles y el alcance. ¿Se está hablando de todo el sistema penitenciario? Lo veo bien complicado. Tiene que ser mucho más específico”, señaló.
A criterio del exjefe de la DINI, las Fuerzas Armadas podrían asumir funciones excepcionales y temporales para aliviar la crisis penitenciaria, pero no reemplazar a las autoridades encargadas del sistema. “Sí pueden administrar centros de detención temporales para desahogar las cárceles y aliviar la carga procesal, pero de ninguna manera pueden reemplazar la dirección del sistema penitenciario. Las Fuerzas Armadas no son operadores de justicia”, afirmó.
Liendo también remarcó que cualquier intervención militar en los establecimientos penitenciarios debe responder a una política de Estado y no únicamente a una decisión sectorial. “Cualquier participación de las Fuerzas Armadas en el orden interno debe ser producto de directivas del Consejo de Seguridad Nacional. Es un tema de seguridad nacional que involucra a todos los sectores. De lo contrario, estaríamos generando un nuevo problema”, alertó.
En tanto, el exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe consideró que el principal problema del sistema penitenciario no pasa por abrir espacio a la inversión privada, sino por la falta de infraestructura acumulada durante la última década. “Los privados ya construyen los penales cuando el Estado licita las obras. El problema es que hace diez años no se inaugura un establecimiento penitenciario”, resaltó.
Aunque saludó que el nuevo Gobierno haya colocado la seguridad ciudadana y la crisis penitenciaria entre sus prioridades, Pérez Guadalupe cuestionó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas asuman la dirección de los establecimientos penitenciarios. “Poner a un militar como director de un penal no tiene sentido. Un director administra traslados, beneficios penitenciarios, expedientes y decisiones administrativas todos los días. Es como poner a un oficial de la Fuerza Aérea a capitanear un barco: son funciones completamente distintas”, afirmó.
Pérez Guadalupe advirtió que las reformas anunciadas podrían caer en lo que denominó “tres tentaciones fallidas” de la región. “En el contexto latinoamericano veo tres tentaciones fallidas, tres recursos facilistas que no han dado resultado en ninguna parte del continente. La primera es pensar que la realidad se cambia con leyes; la segunda, la militarización de la seguridad; y la tercera, la privatización de los servicios”, precisó.
Asimismo, sostuvo que el rol de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado debe enfocarse en fortalecer las labores de inteligencia, antes que asumir la conducción de instituciones como el sistema penitenciario. “La DNI para qué está. Los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas tienen que colaborar en seguridad, sí; ahora no colaboran”, concluyó.
Fuente: elcomercio.pe