La reestructuración de Petroperú sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de Ángel Delgado Flores, director del Proyecto de Reestructuración de Petroperú en ProInversión, quien confirmó que la entidad evalúa incorporar a un operador privado para administrar la Refinería de Talara mediante un contrato de largo plazo. Además, adelantó que se prevé convocar un concurso para seleccionar al futuro gestor de la principal instalación industrial de la petrolera estatal.
Las afirmaciones, realizadas durante una entrevista concedida a Cadena de Noticias Talara TV, generaron una rápida reacción de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol), que advirtió sobre una eventual “privatización encubierta” y solicitó al presidente José María Balcázar la derogatoria del Decreto de Urgencia 010-2025, norma que otorgó a ProInversión facultades para conducir la reorganización de Petroperú.
Aunque Delgado insistió en que la propiedad de la Refinería de Talara permanecerá en manos del Estado, sus declaraciones ofrecieron uno de los mayores niveles de detalle conocidos hasta ahora sobre el esquema que se busca implementar para el principal activo de la empresa.
“La titularidad, o sea, la propiedad de todos los activos de Petroperú van a permanecer en manos del Estado peruano”, afirmó.
Sin embargo, precisó que la intención es incorporar a una empresa especializada que asuma la operación de la refinería y ejecute nuevas inversiones para mejorar su desempeño financiero. “Lo que se va a buscar es que un privado pueda operar la refinería”, señaló.
ProInversión busca operador privado para Talara y evalúa contratos de largo plazo
Durante la entrevista, Delgado explicó que la estrategia de reorganización contempla la participación de un operador internacional con experiencia en refinación y capacidad financiera para ejecutar inversiones adicionales en la Refinería de Talara.
“El compromiso es buscar a un privado de clase mundial para que lo opere de una manera bastante eficiente y adicionalmente también que haga las inversiones necesarias para que la refinería no solamente recupere su valor, sino que este valor se incremente”, sostuvo.
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Según indicó, Petroperú enfrenta limitaciones financieras que dificultan realizar inversiones y trabajos de mantenimiento requeridos en sus activos, por lo que se considera necesaria la participación de un socio con experiencia en la gestión de este tipo de infraestructura.
La declaración más relevante de la entrevista llegó cuando el funcionario describió el modelo que actualmente se encuentra bajo evaluación.
“Conceptualmente lo que se va a buscar es un contrato a largo plazo donde el privado sea el que haga las inversiones y también opere la Refinería de Talara”, afirmó.
Consultado sobre los mecanismos que podrían utilizarse, Delgado señaló que existen distintas alternativas en evaluación.
“Puede ser un contrato de inversión público-privado de 30 años, un contrato de concesión, puede ser un contrato de gerencia. Todo eso es un abanico de posibilidades que están sobre la mesa para evaluar”, manifestó.
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Asimismo, reveló que ProInversión espera culminar en los próximos meses la evaluación técnica y financiera de los activos de Petroperú para posteriormente salir al mercado en busca del operador.
“Acabado este tiempo, ya vamos a lanzar el concurso con la modalidad específica, con las condiciones y los criterios justamente para buscar este operador”, declaró.
Incluso, al ser consultado sobre la posibilidad de incorporar participación accionaria privada en la Refinería de Talara, el funcionario reconoció que esa alternativa no ha sido descartada.
“Esa opción podría estar sobre la mesa. Habría que evaluarla”, respondió.
Fenpetrol rechaza propuesta y pide frenar la reorganización de Petroperú
Las declaraciones de Delgado provocaron la reacción de Fenpetrol, que remitió una carta al presidente de la República expresando su rechazo al proceso de reorganización impulsado por ProInversión.
En el documento, la federación cuestiona que la operación y las inversiones de instalaciones estratégicas puedan quedar bajo control privado mediante contratos de largo plazo, aun cuando la propiedad continúe siendo estatal.
“Si bien PROINVERSIÓN ha manifestado que no se trata de una privatización directa, la propuesta de concesión por un plazo de 30 años para la operación y la realización de inversiones en instalaciones estratégicas como la Refinería de Talara constituye, a nuestro juicio, una privatización encubierta”, sostiene la organización sindical.
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La federación considera que una medida de este tipo podría afectar el carácter estratégico de Petroperú y advierte riesgos para la soberanía energética y la estabilidad laboral de los trabajadores.
Asimismo, rechazó una afirmación realizada por Delgado respecto al diálogo con las organizaciones sindicales. Mientras el funcionario aseguró haber sostenido reuniones con sindicatos para explicar el proceso de reorganización, Fenpetrol sostuvo que no ha participado en ninguna instancia de coordinación con ProInversión.
“En ningún momento se ha sostenido reunión, diálogo o coordinación alguna con Fenpetrol ni con los sindicatos afiliados a nuestra Federación”, indicó la organización en su comunicación al Ejecutivo.
Además de cuestionar la reorganización, la federación pidió la derogatoria inmediata del Decreto de Urgencia 010-2025 y de las normas vinculadas al proceso de reestructuración de Petroperú.
El gremio también solicitó al Gobierno concretar el aval financiero de US$2.000 millones para garantizar la liquidez y continuidad operativa de la empresa, compromiso que, según señala, aún no se ha materializado pese a haber sido anunciado semanas atrás.
Con ello, el debate sobre el futuro de la Refinería de Talara vuelve a instalarse en el centro de la discusión energética. Mientras ProInversión sostiene que la incorporación de un operador especializado permitirá mejorar la eficiencia y atraer inversiones sin perder la propiedad estatal, los trabajadores consideran que entregar la operación de largo plazo de la principal instalación de Petroperú supone, en los hechos, una forma de privatización que el Gobierno debería detener.
Fuente: larepublica.pe
