El emplazamiento del candidato presidencial Roberto Sánchez para derogar las leyes procrimen al Congreso obtuvo, a tres días de la segunda vuelta, una confesión. Ante ello, la primera respuesta fue suspender el pleno programado para el día de ayer.
El presidente del Parlamento, el fujimorista Fernando Rospigliosi, saltó a defenderlas e intentó rebautizarlas como "leyes anticrimen". Es, al menos, honesto en su argumento ya que expone el "modelo" de inseguridad que la mayoría parlamentaria construyó a pulso durante este quinquenio.
Rospigliosi celebró tres normas. Una que blinda al policía que dispara frente a responsabilidad penal y prisión preventiva. Otra, de su autoría, que devuelve la investigación preliminar a la Policía. Y una tercera, que autoriza al civil armado a abatir a un delincuente sin consecuencias penales.
Detrás del lenguaje manipulado hay una sola idea: el Estado claudica de su responsabilidad y deja la seguridad en manos de cada peruano.
La idea de la existencia del Estado es que cumpla la función de regular el uso de la fuerza y, en uno moderno, es decir, un Estado de Derecho, responder por él siempre. Es lo que lo diferencia de sistemas anárquicos y totalitarios.
En ese sentido, el que entrega el arma al ciudadano y promete impunidad anticipada confiesa que renuncia a esa tarea. Lo que sostiene es que la seguridad deja de ser un derecho garantizado y pasa a ser un riesgo individual.
Sin embargo, el propio Rospigliosi ofreció un dato que desarma su discurso. Reconoció que retirarle facultades a la Policía durante años explica el aumento de la delincuencia y al devolvérselo mejora la calidad policial. Pero los resultados siguen siendo los mismos. El pacto ha legislado para empeorar la seguridad y hoy presenta como solución el desorden que ayudó a crear.
La extorsión y el sicariato golpean cada día a transportistas y emprendedores de todo el país. Y va en avance. Frente a ese drama, la respuesta oficial consiste en trasladarles el peso de su propia defensa.
El emplazamiento de Sánchez tampoco resiste el examen. Él mismo votó a favor de una de esas normas y hoy promete derogar: la Ley 31989, promulgada en marzo de 2024. Esa norma, que contó con su voto, derogó una disposición que permitía a la Policía intervenir e incautar explosivos y maquinaria en manos de mineros informales con inscripción suspendida en el Reinfo. Resarcir el daño es una promesa que ha colocado en su plan de gobierno consensuado con otras fuerzas democráticas.
La promesa republicana requiere un Estado que proteja a todos por igual y rinda cuentas por la fuerza que ejerce, no uno que reparta armas y prometa impunidad por adelantado. Los peruanos deberán sopesar ese gran detalle para el futuro inmediato ante el nuevo gobierno que se instale el 28 de julio. Mientras tanto, el Parlamento fujimorista celebra y se reafirma en el camino contrario y deja a los ciudadanos una consigna que resume su renuncia: que se salve quien pueda.
Fuente: larepublica.pe
