El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó la ley que blinda a policías y militares al ordenar que solo sean investigados en el fuero militar policial y no en la justicia ordinaria. Esto debido a que José Balcázar no observó ni promulgó la norma dentro del plazo constitucional.
Ruth Luque, congresista y senadora electa de Ahora Nación, ya había alertado que el silencio del mandatario provocaría la promulgación de la norma.
“Todo indica que Balcázar ha decidido agachar la cabeza al fujimorismo y no observar la autógrafa que amplia la justicia militar policial y que distorsiona los delitos de función para dejar impune delitos de agentes que violan Derechos Humanos. Al menos así se muestra de la información oficial. La ley Rospigliosi es inconstitucional y nos recuerda la dictadura fujimorista de los noventa”, escribió en sus redes sociales.
La norma señala que “para el personal de las Fuerzas Armadas se considera delito de función toda conducta ilícita que se cometa durante acciones militares para el mantenimiento o restablecimiento del orden interno y en el cumplimiento de otras funciones legalmente establecidas, en el marco de un estado de emergencia”.
Para los miembros de la PNP, “se considera delito de función toda conducta ilícita que se cometa en el cumplimiento de su finalidad fundamental y de sus funciones y atribuciones de prevención e investigación del delito, de control de identidad, de inteligencia, de fiscalización el cumplimiento de las normas de tránsito, de seguridad personal, domiciliaria y de instalaciones, de vigilancia y control de fronteras, de práctica y emisión de peritajes oficiales de criminalística, así como de otras funciones establecidas en sus leyes y reglamentos, en el marco de un estado de emergencia”.
Además, establece que en ningún caso podrá seguirse “procesos penales en la jurisdicción ordinaria y la militar policial a la vez en contra de ningún militar o policía” por un mismo hecho.
A su vez, la norma ordena a la Sala Penal de la Corte Suprema a priorizar en su resolución a la jurisdicción militar policial.
Fuente: larepublica.pe