La historia nos ha demostrado que ningún país puede construir su futuro en medio de una inestabilidad permanente. El crecimiento económico, la inversión, la ejecución de políticas públicas y la atención de las necesidades de la población requieren una condición previa: estabilidad política e institucional, respeto por las reglas democráticas y la capacidad de construir acuerdos que trasciendan la coyuntura. Cuando esos elementos se debilitan no solo se deteriora el debate público, sino también se limita la capacidad del Estado para responder a las demandas de los ciudadanos y se resiente la confianza en las instituciones.
Esa fue la realidad que vivió el Perú durante los últimos años. La sucesión de crisis políticas y un prolongado clima de confrontación fueron erosionando la gobernabilidad y desplazando del centro de la agenda los grandes desafíos nacionales. En ese contexto, el gobierno de transición del presidente José María Balcázar asumió, desde el 18 de febrero del 2026, una responsabilidad muy clara: devolverle al país estabilidad, certidumbre institucional y las condiciones necesarias para que la democracia y el Estado recuperaran su normal funcionamiento.
Ese será el principal legado de esta gestión: haber contribuido a darle al Perú el respiro político e institucional que necesitaba después de años de incertidumbre y polarización. Ese clima de mayor estabilidad permitió recuperar la normalidad democrática y que el Estado volviera a concentrar sus esfuerzos en lo que verdaderamente importa: impulsar el desarrollo del país.
Ese escenario se tradujo en resultados concretos: de enero a mayo la economía creció 3,6%; las reservas internacionales bordean los US$100.000 millones; el déficit fiscal anualizado se ubicó en 1,6% del PBI a mayo, y los principales proyectos de infraestructura continúan su ejecución. Además, en el primer semestre la recaudación se incrementó en 13,1% y la inversión pública en 7,9% respecto del mismo período del 2025.
Ese mismo clima de confianza permitió cumplir uno de los compromisos fundamentales: garantizar elecciones generales libres y seguras, bajo una estricta neutralidad del Ejecutivo. Para ello, se asignaron más de S/2.200 millones a los entes electorales para la organización de los comicios del presente año, asegurando que pudieran desarrollar su labor con plena independencia y que millones de peruanos ejerzan libremente su derecho al sufragio.
La estabilidad también se construye desde la forma de gobernar. Por ello, durante estos meses privilegiamos el diálogo y la búsqueda de consensos con todos los sectores. Lo hicimos convencidos de que la gobernabilidad no se sostiene en la confrontación, sino en la capacidad de escuchar y construir acuerdos que permitan atender las necesidades de los ciudadanos.
Sin embargo, no podemos negar que el Perú aún enfrenta importantes retos como la lucha contra la inseguridad, que demanda un esfuerzo firme y sostenido. Al mismo tiempo, los diferentes ministerios y entidades del Ejecutivo han realizado para este año diversas transferencias que superan los S/4.200 millones para fortalecer las acciones de prevención frente al fenómeno de El Niño y proteger a la población, recursos que están a disposición de las regiones y municipios. Queda mucho por hacer, pero esta gestión cumplió con la responsabilidad que la nación le encomendó y con los compromisos asumidos.
Hoy, cuando esta etapa de transición se aproxima a su fin, el Perú llega a un nuevo proceso de transferencia democrática del poder habiendo preservado plenamente el orden constitucional y la estabilidad institucional. Ese constituye, probablemente, el mayor logro colectivo alcanzado durante estos meses. Después de un período prolongado de incertidumbre, el país cuenta nuevamente con condiciones favorables para proyectar su desarrollo. Corresponderá a las próximas autoridades consolidar ese camino, fortalecer nuestras instituciones y seguir construyendo un Perú donde el diálogo, la estabilidad y el respeto por la democracia sean la base permanente del progreso nacional.
Fuente: elcomercio.pe