Uno de los grandes problemas del Perú no es la falta de leyes, sino el exceso de ellas. Cada vez que ocurre una crisis, un accidente o un escándalo, la respuesta casi automática de nuestras autoridades es proponer una nueva norma, crear un requisito adicional o imponer un trámite más. Rara vez se evalúa si las reglas existentes funcionan o si realmente se cumplirán. El resultado es un sistema cada vez más complejo que, lejos de solucionar los problemas, hace más difícil la formalidad.
Paradójicamente, mientras condenamos la corrupción, seguimos alimentando las condiciones que la favorecen. Un entramado de leyes y procedimientos excesivamente complicados genera incentivos para que ciudadanos y funcionarios recurran a la llamada aceitada. Cuando un trámite demora semanas o meses y existe urgencia por resolverlo, la tentación de ofrecer o solicitar un soborno aumenta inevitablemente.
Con frecuencia se anuncia la necesidad de simplificar los trámites administrativos y agilizar los permisos. Sin embargo, esas promesas suelen quedarse en el discurso. En la práctica, la reacción habitual consiste en endurecer las sanciones: multas más elevadas, mayores exigencias regulatorias y penas de prisión más largas, aun cuando el propio Estado carece de infraestructura suficiente para hacerlas cumplir.
El problema no radica únicamente en la severidad de las sanciones, sino en la falta de eficacia de los mecanismos de control. Existen alternativas tecnológicas para supervisar a delincuentes de menor peligrosidad mediante dispositivos electrónicos o para reforzar la seguridad ciudadana con sistemas inteligentes de vigilancia en el transporte público. Sin embargo, estas herramientas avanzan lentamente, mientras continúan imponiéndose multas que muchas veces nunca llegan a cobrarse.
Las contradicciones también son evidentes en la política económica. Por un lado, el Estado afirma que la exploración minera es fundamental para atraer inversiones y asegurar el crecimiento del país. Por otro, incrementa permanentemente las exigencias regulatorias y los procesos de fiscalización, haciendo que desarrollar nuevos proyectos resulte cada vez más costoso, lento e incierto.
En muchos aspectos, el Perú parece aspirar a tener regulaciones propias de países como Suiza o Singapur. No obstante, la realidad cotidiana está muy lejos de esos estándares. Basta recorrer nuestras ciudades para observar un tránsito caótico, basura acumulada en calles y veredas, cableado desordenado y una infraestructura urbana deteriorada. En la práctica, solo una pequeña parte de las empresas y los ciudadanos logra cumplir con la enorme cantidad de normas existentes.
El desafío no consiste en legislar más, sino en legislar mejor. El país necesita reglas claras, sencillas y aplicables, orientadas a proteger aquello que realmente importa: la vida, la salud, la seguridad de las personas, el medio ambiente y los derechos fundamentales, como la propiedad privada y el libre tránsito. Una regulación eficaz debe reducir al mínimo la discrecionalidad burocrática y privilegiar mecanismos como el silencio administrativo para evitar que los ciudadanos queden atrapados en trámites interminables.
Los peruanos hemos demostrado una extraordinaria capacidad para emprender y generar oportunidades. Sin embargo, esa energía choca permanentemente contra una telaraña de leyes, reglamentos y procedimientos que desincentivan la inversión y la formalidad sin producir beneficios reales para la sociedad.
En definitiva, el Perú necesita encontrar un punto de equilibrio. Debemos construir un marco regulatorio que impida el desorden y la improvisación, pero sin caer en la ilusión de imponer normas propias de los países más desarrollados cuando nuestras instituciones aún no tienen la capacidad de hacerlas cumplir. No se trata de elegir entre Suiza y Calcuta, sino de construir un sistema de reglas realista, eficiente y respetado por todos.
Fuente: elcomercio.pe