Este 2026 nos “premia” con dos trastornos hidro climáticos al hilo: de un lado, el Niño Costero, que está en marcha con una versión relativamente moderada; y de otro, El Niño global, con altas probabilidades de alcanzar una intensidad comparable al que se abatió sobre nuestro territorio en 1997-1998. De ser así, se trata de uno de los primeros escenarios de crisis que enfrentará el próximo gobierno, lo que significará para éste la oportunidad de demostrar capacidades en la gestión de riesgos y desastres o, de lo contrario, un fallido desempeño respecto de un fenómeno del que ya estaba advertido. En cualquiera de los casos, habrá impactos políticos que marcarán indeleblemente su devenir.
Pero la responsabilidad política frente a esta emergencia climática recae también en los gobiernos subnacionales. Al margen de las imágenes prejuiciosas que circulan en algunos segmentos de la tecnocracia capitalina (“las regiones no saben gastar”, “las municipalidades no tienen especialistas”), el historial ejecutivo de estas instancias no ha sido tan auspicioso en materia de rehabilitación y recuperación (ni qué decir en prevención). Esto no convierte, por supuesto, al gobierno central en un agente eficaz cuando administra eventos calamitosos, sea para prevenir, sea para reconstruir. Mucho se recuerda que los estragos del Niño Costero de 2017 –que afectó al Perú y al Ecuador– fueron mejor gestionados por las autoridades ecuatorianas que las peruanas.
Volviendo al punto, ¿las crisis derivadas de desastres asociados a fenómenos naturales constituyen ventanas de oportunidad para las administraciones gubernamentales? En principio sí, pero dependerá de qué tanto dispongan de, y cómo jueguen con, elementos tales como recursos financieros, mínima capacidad estatal, eficaces entidades especializadas, manejo integral del riesgo y buenas redes de asistencia. Aún así, nada de lo anterior serviría de mucho si es que no hay liderazgo político, uno que transmita determinación, confianza, transparencia y empatía.
Los pocos estudios en ciencia política que han investigado el comportamiento de los gobiernos ante desastres no han sido concluyentes para identificar las variables que aseguran cierto éxito cuando se enfrenta un sismo, un huracán, un Niño, una erupción volcánica o cualquier otra amenaza natural. Sin embargo, una élite política que esté a la cabeza de un país consolidado y articulado tendrá mayores posibilidades de gestionar mejor un evento que uno casi sin Estado y con tejido social precario: cuando Chile y Haití fueron sacudidos por terremotos en 2010, el aceptable manejo del primero marcó una notoria diferencia frente a la devastación sufrida por el segundo. Pero también dentro de una democracia consolidada los buenos desempeños no siempre están garantizados: en Estados Unidos, la distante y poco oportuna respuesta que George Bush dio a los embates del huracán Katrina, en 2005, contrastó con el liderazgo que Barack Obama imprimió cuando le tocó lidiar con el huracán Sandy, en 2012, consolidando así su reelección. En los regímenes autoritarios, los desastres mal respondidos pueden hacerles perder respaldo y credibilidad, e incluso iniciar su caída, como pasó con el terremoto de Managua, en 1972: el régimen personalista de Anastasio Somoza perdió el apoyo de los sectores medios, la Iglesia y del gobierno norteamericano, tras comprobarse corrupción y negociados en la distribución de la ayuda internacional, junto a un deficiente manejo de la emergencia.
En el caso peruano, la ciencia ya puso la evidencia; ahora es la política aquella que deberá poner la estrategia y la eficiencia. Con una actual gestión gubernamental de salida, un nuevo gobierno que comenzará sin “luna de miel” y un recambio de autoridades regionales y municipales a fin de año, las perspectivas no parecen muy auspiciosas. Pero quedan algunos meses donde se puede hacer mucho frente a una coyuntura climática que ya nos es harto conocida. Se dice que la tónica de la siguiente gestión gubernamental será confrontacional y revanchista; sea como fuere, El Niño lo obligará a ser convocante, dialogante e inclusivo. Así como una amenaza natural suscita no pocos temores, esperemos que su tratamiento político no nos signifiquen grandes resquemores.
Fuente: elcomercio.pe